El Gobierno incluirá los espectáculos taurinos en el bono cultural tras la sentencia del Supremo

El Gobierno tendrá que incluir los espectáculos taurinos en el bono cultural joven tras el fallo del Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el real decreto por el que se establece la regulación de este bono, que un principio excluía a los toros de las actividades culturales a las que se podía acceder.

Así lo ha indicado el titular de la cartera de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha asegurado que la inclusión de los toros será inmediata». «Nos vamos a dirigir a las entidades colaboradoras a efectos de la compra de entradas o a los organizadores de espectáculos taurinos para que, si lo desean, se puedan acoger al bono», ha señalado al respecto.

En declaraciones ante los medios a Guadalajara, Iceta ha manifestado que se «va a actuar» y se pondrá en práctica «inmediatamente», teniendo en cuenta que el bono del año pasado se empezó a distribuir casi en noviembre, cuando no había temporada taurina. «Hay un año para dedicar esos 400 euros», ha afirmado en este sentido.

Tribunal Supremo

Este cambio llega después de que el Tribunal Supremo anulara la exclusión de los espectáculos taurinos del catálogo del bono cultural por la falta de justificación del Gobierno.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el real decreto por el que se establece la regulación del bono cultural y anula la expresión «y taurinos» del artículo 8.2. que fija las actividades excluidas.

La Sala explica que no hay razones que expliquen la exclusión y que «no nos parecen válidas al efecto las que ofrece su preámbulo ya que únicamente dice que los espectáculos taurinos se fomentan a través de otros instrumentos y que cada Administración tiene capacidad para decidir libremente los sectores o actividades de interés o utilidad pública que fomenta y de qué modo lo hace».

Para el Supremo, esas explicaciones genéricas, sin embargo, son «insuficientes» cuando median disposiciones legales específicas que imponen a los poderes públicos la obligación de actuar positivamente en un determinado ámbito, tal como sucede con el de la Tauromaquia.

La Abogacía del Estado defendió que la Administración General del Estado sí cumple con su obligación de promover la Tauromaquia, tal como lo prueban las iniciativas como el Premio Nacional de Tauromaquia anual de 30.000 euros, la subvención de 35.000 euros a la Fundación recurrente o el proyecto Culturas del Toro.