Un valenciano lleva 10 meses esperando a que la Generalitat resuelva su petición de unión de hecho

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 06/04/2022 09:31
  • Actualizado: 06/04/2022 10:37

Un valenciano lleva 10 meses esperando a que la Consejería de Justicia del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y que dirige Gabriela Bravo resuelva su petición de unión de hecho. La situación ha llegado a tal punto que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico en este territorio) ha instado a la citada Consejería a que proceda de manera urgente a resolverlo «de forma expresa» y lo notifique al autor de la queja. Y lo ha hecho después de que la mencionada consejería hiciera a su vez oídos sordos a la petición previa del Defensor para que le informara del estado actual de la tramitación de la solicitud hecha por este ciudadano. Todo ello, según consta en la resolución de la citada queja.

Los retrasos en la Generalitat afectan también a la Consejería de Justicia. Ni el afectado ni el propio Defensor del Pueblo valenciano han recibido respuesta a sus requerimientos para esclarecer el estado en que se encuentra la petición efectuada al citado organismo por un valenciano para formalizar su unión de hecho. El 7 de mayo del pasado año presentó este ciudadano la petición para formalizar el alta en el registro de uniones de hecho. Pero no obtuvo respuesta. Por ello, el 23 de noviembre elevó a la misma instancia una solicitud de resolución expresa. Tampoco le respondieron. Y, harto de esperar, dirigió su queja al Defensor del Pueblo valenciano. La queja fue admitida a trámite el 23 de febrero de este 2022.

No corrió mejor suerte la solicitud del Síndic a la Consejería para conocer el estado actual de la tramitación. Hasta la misma fecha de la resolución de la queja, el pasado lunes 4 de abril, tampoco había recibido respuesta. Por lo que en su resolución y dentro del capítulo referido a la «conducta de la Administración» el Defensor no tuvo más remedio que declarar que la citada Consejería había incumplido el plazo legal para contestar, que es de un mes, además de dirigirle una seria advertencia: «Si la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas se niega a colaborar con el Síndic de Greuges, se hará constar en las resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y extraordinarios» que emita el Defensor ante las Cortes Valencianas «en cuyo caso se indicará también la identidad de las personas responsables».

Pero, además, el Defensor hace constar que «la persistencia en actitudes obstaculizadoras que derive en un comportamiento hostil o sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones» dará lugar «a un informe especial de carácter monográfico, en el que se identificará a las autoridades y al personal que sean responsables de lo sucedido».

En cuanto a las consideraciones de la resolución, el Defensor deja claro que la inscripción de la unión de hecho en el Registro de Uniones de Hecho formalizadas en la Comunidad Valenciana se producirá mediante la resolución del órgano competente para la gestión de dicho Registro «en el plazo de 3 meses desde la solicitud», en consonancia con la ley de la Generalitat reguladora de uniones de hecho.

Con todo ello, en su resolución, el Defensor recomienda a la Consejería que proceda de manera urgente a resolver de manera expresa la solicitud y lo notifique al autor de la queja. Además, recuerda a la Consejería de Gabriela Bravo el deber legal de colaborar con el Síndic, facilitando la información solicitada y contestando a las recomendaciones, «sugerencias o recordatorios de deberes legales efectuados». Y le recuerda, también, que la citada Consejería está «obligada» a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde que reciba la resolución del Síndic. Y le recuerda, además, que en esa respuesta debe manifestar «de forma inequívoca» su posicionamiento respecto a las recomendaciones y sugerencias que contiene la resolución. Y que la no aceptación de las mismas deberá ser motivada.

Según consta en el informe anual de 2021, el Síndic inició en ese año un total de 65 quejas que afectaban a la Consejería de Bravo. Un número mucho menor que el de las referidas a las consejerías de Igualdad y Políticas Inclusivas (1.066) de Mónica Oltra, Sanidad (225) que dirige Ana Barceló, y Educación, competencia de Vicent Marzà (194), y algo menos que Vivienda, responsabilidad de Héctor Illueca (79). Por ello, resulta paradójica su falta de respuesta en este asunto. Una cuestión, por la que la Consejería de Bravo ha recibido la reprimenda del Defensor del Pueblo valenciano.