El tesorero del PSOE pactó con el cabecilla de Azud la empresa tapadera de los pagos electorales

José María Cataluña Oliver, quien fuera secretario de Administración y Finanzas del PSOE de Valencia hasta el año 2004, pactó con el cabecilla del caso Azud las funcionalidades de la empresa Gigante, la mercantil que se utilizó para ocultar el verdadero origen del dinero que recibían presuntamente de forma ilícita los cargos públicos relacionados con esta trama de corrupción urbanística en Valencia, y con el que se pagaron, además, gastos electorales de los socialistas.

Así se desprende de un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que se evidencia que el ex tesorero mantuvo «numerosas» reuniones con Jaime María Febrer, el constructor al que se acusa de sobornar a través de sus empresas a políticos del PP y el PSOE a cambio de favores y contratos públicos. En uno de los encuentros que mantuvieron, ambos investigados trataron «las funciones que debería realizar la mercantil Gigante», que se utilizó como tapadera para ocultar gastos electorales de los socialistas, según el citado escrito.

Esta mercantil, que supuestamente colaboraba con una de las empresas urbanísticas investigadas para generar fondos en efectivo con los que pagar comisiones ilícitas, se usó, como apuntan las pesquisas, indistintamente como intermediaria en la compraventa de las fincas, como empresa de asesoramiento jurídico o, en el caso de los gastos electorales del PSOE, como sociedad de servicios de publicidad.

Y es que Gigante pagó a empresas de publicidad con las que trabajaban los socialistas valencianos después de recibir «una importante suma de dinero» de una de las empresas urbanísticas de Azud. En total, 484.480 euros que ponen en el punto de mira la financiación de la campaña del PSOE.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ya apuntaba en esta dirección en un informe de 2021, al señalar que «parte del soborno abonado en la consecución de contratación pública […] habría sido pagado mediante el abono de gastos electorales solicitados indiciariamente por José Luis Vera, José María Cataluña Oliver, responsable de las finanzas del partido socialista y por Rafael Rubio». Además, el Ministerio Público justificó el registro del domicilio de Cataluña por los contactos que había mantenido «durante las fechas cercanas al periodo electoral», en referencia a los comicios del año 2007.