La juez pide al Ayuntamiento de Alicante documentación de las VPP a instancias de Anticorrupción

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/02/2026 16:49
  • Actualizado: 18/02/2026 16:49

María Amparo Rubio, la juez titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que dirige las diligencias previas acerca del caso en que se investiga si existieron irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública de Residencial Les Naus, en Playa San Juan, en Alicante, ha solicitado a través de una providencia dirigida al Ayuntamiento de Alicante, la Consellería de Vivienda y a la Cooperativa de Residencial Les Naus diversa documentación cuya aportación al procedimiento había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. 

El caso del escándalo de las VPP de Alicante es en el que se investiga acerca de las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman.

La fiscalía había pedido esa documentación porque, inicialmente algunas de las partes habían transmitido la información en su poder a esa instancia para que investigara ante la sospecha de que pudieran existir delitos relacionados con las adjudicaciones de viviendas en la citada urbanización.

Pero, una posterior denuncia del colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ante el Juzgado Decano de Alicante, distribuida en reparto al antes denominado Instrucción 5, dio origen a la investigación judicial recién abierta y a que la fiscalía tuviera que remitir a la magistrada lo que había averiguado.

Esta misma semana, tal como ha publicado OKDIARIO, Manos Limpias ha transformado en querella esa denuncia inicial acerca del escándalo de las adjudicaciones de la vivienda de protección publica en Alicante. Ahora, la juez que instruye las diligencias previas en torno a este caso ha abierto la investigación ante la posible existencia de los delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociación prohibida a funcionarios.