Escándalo en el Ayuntamiento de Alicante: ruedan cabezas por las VPO adquiridas a mitad de precio

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 01/02/2026 05:55
  • Actualizado: 01/02/2026 05:55

Un escándalo de considerables proporciones sacude desde este jueves los cimientos del Ayuntamiento de Alicante, tras destaparse que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tienen escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública. La primera que se realiza en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años. Ubicada, además, en una de las zonas más demandadas y exclusivas de la ciudad, Playa San Juan.

La edil de Urbanismo y la alto cargo antes citada han dimitido este viernes. La cooperativa que ha ejecutado la citada promoción de viviendas ha emitido un comunicado aclaratorio en torno al caso. El alcalde de Alicante ha puesto en marcha una investigación y ha advertido que si algún atisbo de irregularidad irá a Fiscalía ante las sospechas de que pudiera existir algún tipo de corrupción o corruptelas. La oposición, no sólo ha avisado de que también irá Fiscalía, sino también a la Agencia Valenciana Antifraude. El asunto, en lo político, también ha llegado a las Cortes Valencianas.

En plena tensión y denuncias por el encarecimiento del precio de vivienda ante la escasez de oferta, Rocío Gómez, una arquitecta incorporada a la lista local del PP de número 3 y considerada como uno de los tres fichajes estelares para esta legislatura, había adquirido junto a su marido una de esas viviendas, ubicada en quinta planta. Se trata de un piso de 90 metros cuadrados con plaza de garaje con un precio de unos 200.000 euros. Casi la mitad del montante que cuesta un inmueble en esa exclusiva zona de Alicante.

La urbanización en cuestión, tiene 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, con con piscina, club social, pistas deportivas y gimnasio. Todo ello, en una superficie de algo más de 8.600 metros. El suelo es de titularidad pública. Y fue adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Neus por 6,67 millones de euros.

Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa, ha destacado este viernes que la parcela en que se han promovido las viviendas «fue adquirida por la cooperativa en un concurso público» al que se presentaron junto con cuatro licitadores más. En total, cinco.

Los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, la antes citada María Pérez-Hickman, adquirieron dos pisos contiguos ubicados en la planta octava de uno de los bloques de la misma urbanización. El importe de cada una de esas viviendas es similar al de la edil.

Hay un tercer adquiriente que también forma parte del engranaje municipal. Se trata de un arquitecto del Ayuntamiento de Alicante que, en la actualidad está inmerso en un procedimiento por narcotráfico.

Según el Diario Información, que ha destapado este escándalo, Pérez-Hickman, anterior jefa del Servicio de Contratación ejerció en esa etapa, como secretaria del órgano técnico municipal en el proceso público de venta de la parcela sobre la que se levanta la misma urbanización en la que sus hijos tienen ahora las viviendas. Es más, según ese mismo diario, lo hizo de la primera a a última reunión. Es decir, desde la del 17 de octubre de 2018 a la del 9 de marzo de 2022.

Las revelaciones del Diario Información de Alicante, han dado paso a un monumental escándalo en el Consistorio. Al punto, de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha ordenado la apertura inmediata de un expediente de un expediente de aclaración de hechos. De momento, la investigación se ha puesto en marcha con la solicitud de información a tres áreas municipales: Contratación, Patrimonio y Urbanismo.

Luis Barcala anunció, también, ese mismo día, que el Ayuntamiento iría hasta el final en la investigación y que ante la menor sombra de sospecha se dirigía a la Fiscalía. El PSOE anunció aquel mismo jueves que iría también a Fiscalía y, además, a la Agencia Valenciana Antifraude, para denunciar el caso. En tanto que Compromís ha decidido llevar el caso ante las Cortes Valencianas y solicitar los visados correspondientes a la citada promoción a la Consellería. Además, en el ámbito municipal, su edil Rafa Mas, ha pedido, también, informes urgentes a las áreas municipales de Contratación Y Patrimonio.

En medio del terremoto político, María Pérez Hickman, ha presentado su dimisión este viernes. Y sólo unas horas después, ya por la tarde, quien ha renunciado ha sido la concejal de Urbanismo. Según el propio Ayuntamiento, la edil ha decidido apartarse del caso para que investigación pueda continuar su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le había sido requerida.

Con el escándalo propagándose por toda España a toda velocidad, Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa viviendas de protección pública (VPP) de Residencial Les Neus, ha trasladado que se trata de «promociones privadas» y que «sus viviendas son adjudicadas directamente por la propia cooperativa entre sus socios». Y que, además, la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana «para emitir contrato de visado, entre otras comprobaciones, revisa de forma totalmente objetiva los datos económicos del adquiriente, que le son facilitados directamente por Hacienda».

También, ha asegurado que «ante las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante durante el proceso de licitación, en contra de los derechos de esta cooperativa», la misma acudió a los tribunales y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)  dictó a su vez una sentencia «por la que anuló la decisión del Consistorio «y le obligó a continuar el procedimiento hasta su adjudicación» a esa cooperativa. Por lo que, según añade: «La adjudicación de la parcela a esta cooperativa es consecuencia de una sentencia judicial».

Subraya, además, que una vez adjudicada la parcela, se edifican las viviendas en régimen de cooperativa, «lo que implica que son los socios los que pagan la obra, asumiendo el riesgo de cualquier posible sobrecoste». Y explica que la adjudicación «no la realiza ni el Ayuntamiento de Alicante ni ninguna administración pública», porque «se trata de una promoción de VPP privada».