La Diputación de Castellón y 79 municipios reclaman a Sánchez el desbloqueo de las reglas fiscales

La Diputación de Castellón, que preside la popular Marta Barrachina y, con ella, 79 ayuntamientos de los 135 que componen esa misma provincia, casi seis de cada 10, ha dirigido un manifiesto al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para reclamarle el desbloqueo de las reglas fiscales y que se permita a los ayuntamientos usar los remanentes municipales. Dos cuestiones esenciales en todos los municipios. El citado manifiesto está impulsado por Marta Barrachina. La presidenta de la Diputación de Castellón es también alcaldesa de un pequeño municipio, Vall d’Alba, de poco más de 3.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Plana Alta.

El documento supone, de facto, la reivindicación del reconocimiento de la autonomía local en la gestión de los recursos económicos municipales. Y ello, a pesar de que buena parte de los alcaldes socialistas y de Compromís han obviado firmarlo para no contrariar a Sánchez. El manifiesto también vuelve a reclamar al Gobierno el dinero que el Ejecutivo debe a la provincia de Castellón por las entregas a cuenta. Una cantidad que se eleva a los 250 millones de euros, como ya publicó OKDIARIO el sábado pasado.

Marta Barrachina promovió el citado documento en la cumbre de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Castellón, celebrada el pasado 28 de abril. La presidenta de la Diputación de Castellón ha lamentado «la importante falta de firmas de PSOE y Compromís, que evidencia que anteponen los intereses partidistas a los de sus vecinos y vecinas».

A través del citado manifiesto, las alcaldesas y alcaldes firmantes muestran su preocupación por la situación actual de limitación del uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales. Y, como se indica en el documento, las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser usados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos, limitando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.

Los firmantes solicitan el desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales y, también, la autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible y el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos.