Descontrol gubernativo en la DANA: de «todos los espacios monitorizados» a «atendemos si nos telefonean»

Mientras el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha admitido en un informe oficial remitido al juzgado instructor del caso de la DANA que este 29 de octubre ha asolado 103 municipios de la provincia de Valencia que su organismo no efectuó llamadas de alerta en la crecida del barranco del Poyo, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé manifestaba en la mañana de aquel fatídico día que: «Vamos a estar atentos a las zonas afectadas por las avenidas». Y agregaba: «La Confederación Hidrológica del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios». Manifestaciones que reflejan la falta de coordinación y control entre uno y otro órgano, a tenor de lo que sucedió.

Las declaraciones de Pilar Bernabé se produjeron mediada la mañana del 29 de octubre. Ese día, la delegada del Gobierno sostuvo que la Confederación «está sobre el terreno en las zonas especialmente complicadas». Y agregó: «Sabemos que el río Barxeta está en algunos puntos, digamos, y a un nivel que podría desbordar, pero son zonas pequeñas, concretas y está controlado». En esas manifestaciones, Bernabé no se refirió al barranco del Poyo. Ese barranco fue el causante de gran parte del desastre que se produjo en aquella jornada.

Sostuvo, además, que iban «estar atentos» a las zonas que «siempre se suelen ver más afectadas con la cuestión que tiene que ver con las avenidas, pero de momento vamos a ver cómo van dándose los pasos». Para agregar finalmente que la Confederación «tiene absolutamente monitorizados todos los espacios».

Unas palabras que certifican que la Confederación debía vigilar los caudales para conocer el riesgo de inundaciones. Pero, el Gobierno y la Confederación fallaron en esa monitorización. Y si ese fallo no se produjo, sí existió una aparente falta de coordinación entre ambos organismos. Se da la circunstancia de que esa labor de coordinación entre las agencias y el propio Gobierno, como ella ha dicho en otras manifestaciones publicadas por OKDIARIO correspondía a la propia Pilar Bernabé.

En concreto, tal como ha publicado también este diario este 26 de febrero, en una intervención en La Sexta, Pilar Bernabé manifestó que «yo soy codirectora (del CECOPI). Represento a la Administración General del Estado y a todos los organismos que representa», lo que de facto la convierte en la persona que debía coordinar y trasladar la información.

En el informe antes citado, el presidente del Júcar sostiene que «el teléfono del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) se atiende 24 horas al día durante los 365 días al año, por lo que por vía telefónica también se aporta información si así se requiere por parte de otras administraciones».

El informe muestra que el correo electrónico alertando de la crecida «muy rápida» del Barranco del Poyo se envió a las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024. Para esos momentos, el caudal ya había alcanzado niveles catastróficos y el barranco del Poyo llevaba más de una hora desbordándose, con un flujo que se había multiplicado por seis: de 280 m³/s a las 17:35 a 1.686 m³/s a las 18:20 horas. 

Entre las 16:13 y las 18:43 no hubo ninguna llamada. Es decir, que la coordinación entre organismo gubernativos no se produjo. Al menos, como la delegada del Gobierno había previsto. La transmisión de la información se limitó a datos publicados en la web del SAIH, accesibles a través de la aplicación SAIHWIN, que se muestran en el visor de la Red de Alerta Nacional, y correos electrónicos automáticos, pero aparentemente ninguna comunicación directa entre técnicos ni entre los organismos.