Comunidad Valenciana
Oficina UE contra el fraude

Bruselas detecta un fraude de 1,6 millones en subvenciones en una entidad ligada a Sumar

Los responsables del Centro Tecnológico del Calzado subvencionado por Ximo Puig "falsearon ingresos"

OKDIARIO desvela esta investigación de la OLAF y la Agencia Valenciana Antifraude

La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y la Agencia Valenciana Antifraude investigan un presunto fraude de 1,6 millones de euros en subvenciones comunitarias en el Centro Tecnológico del Calzado INESCOP, una entidad en cuyo Consejo Rector hay dos altos cargos de Compromís, uno de los partidos de la coalición Sumar. Según ha podido saber OKDIARIO, ese centro, que recibe anualmente varios millones de ayudas de la Generalitat y de la Unión Europea, ha sido auditado y se han localizado evidencias de «ingresos falseados y manipulados».

Un documento judicial consultado por este periódico recoge que la OLAF inició la investigación en INESCOP por «posibles irregularidades en relación con la justificación realizada por la empresa sobre diversos proyectos subvencionados total o parcialmente con fondos públicos». Para ello, realizó una visita al centro. Por su parte, la Agencia Valenciana Antifraude delegó expresamente el ejercicio de las potestades de investigación e inspección en funcionarios de la Generalitat Valenciana.

Tras la visita de la OLAF, el Consejo Rector del INSESCOP –donde figuran dos cargos políticos de Compromís– se reunió en sesión ordinaria. El presidente del Consejo Rector fue informado por el director del centro que se estaba llevaban a cabo una inspección «rutinaria» sobre determinados proyectos europeos por parte de los funcionarios de la Generalitat. Posteriormente entró en juego un despacho de abogados «para el análisis de toda la documentación y elaboración de un informe sobre los expedientes de subvenciones objeto de la inspección».

También se contrató a Deloitte para auditar las posibles irregularidades en las subvenciones y el conocimiento de las mismas por parte de los empleados con mayor responsabilidad en la contabilidad. Se analizaron seis subvenciones, entre 2015 y 2018. El auditor elaboró un informe de uso interno y otro pericial que concluye que hubo «un inadecuado reconocimiento de derechos de cobro netos por importe de 1,6 millones de euros, una sobrevaloración de ingresos». «Se informa asimismo que se ha alterado la contabilidad de los ejercicios 2015 a 2017», señala el citado escrito.

Tres balances «falseados»

Ante las sospechas de que existen «tres balances anuales falseados» y «ante la gravedad de la situación se convoca al Consejo Rector de forma extraordinaria con un único punto en el orden del día: Información, análisis, estudio y valoración de la situación derivada de la actuación inspectora iniciada por la Agencia Valenciana Antifraude y la OLAF». Se acordó la suspensión temporal de empleo y sueldo de los responsables.

Cuando concluyó la auditoría, el presidente de INESCO convocó al Consejo Rector. El informe de Deloitte confirma las sospechas «con la prueba documental que lo avala y las decisiones acordadas para la alteración, por parte del responsable contable, del anterior director y del actual director». El Consejo Rector por unanimidad adoptó la decisión de proceder al despido disciplinario de los tres empleados.

Documentos fabricados

Como desvela este periódico, se detectó la duplicidad en una subvención europea. Altos cargos pidieron internamente un aclaración y recibieron un correo electrónico con «un documento falsificado de resolución de la subvención». Bajo la lupa están subvenciones de los programas Life UE y de Interreg Sudoe. En la web de esta entidad que investiga Bruselas -y en la que hay cargos ligados a Sumar- aparecen decenas de ayudas de múltiples consejerías del Gobierno de Ximo Puig (PSOE).

Los auditores sospechan que las subvenciones europeas no se llegaron a conceder pero sí se incluyeron en sus balances para conseguir maquillar las pérdidas. «Dichas irregularidades han supuesto a nivel contable un inadecuado reconocimiento de derechos de cobro por 1.656.223 euros, resultados de los ejercicios económicos 2015-2017 con ingresos irregulares», relatan.

Maquillaje de pérdidas

La Justicia constata que «de la información electrónica contenida en los emails corporativos del responsable contable, del anterior director y del actual se ha evidenciado la manipulación de documentos relativos a subvenciones, determinadas irregularidades contables y en relación con todo ello el consecuente engaño al auditor y a terceros ajenos». En particular, cinco emails «evidencian la manipulación de documentos sobre las subvenciones con la enorme gravedad que ello implica, la modificación de documentos oficiales de la UE para adaptarlos a resoluciones de aprobación de las cuatro subvenciones que no fueron otorgadas». Otros emails prueban «el total conocimiento» de los responsables de las «manipulaciones para justificar los ingresos ficticios de las subvenciones».

«A tal objeto, entre otras modificaciones, se incrementa la cifra de ingresos de INESCOP mediante la anticipación de los ingresos vinculados a proyectos europeos o ingresos de resoluciones pendientes de aprobación. Como consecuencia de ello, INESCOP pasa de una situación económica negativa (pérdidas) a la obtención de beneficios», zanja la documentación. Hay años en los que se pasa de una previsión de pérdidas de 500.000 euros a un
resultado positivo de 78.322 euros. Además, «los correos electrónicos evidencia el engaño al auditor».

Ximo Puig en INESCOP.

Como vocales institucionales de este centro figuran Julia Company, directora de Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y candidata de las últimas primarias de Sumar Alicante; y Rafael Climent, ex consejero autonómico de Empresa con Ximo Puig y ex diputado por Compromís. A estas instalaciones han asistido en fechas recientes el propio ex presidente valenciano, la ministra Diana Morant o el diputado Joan Baldoví.

OKDIARIO ha contactado con el centro INESCOP para recabar su versión de los hechos, pero hasta el momento esa entidad declina hacer comentarios. Por su parte, la Agencia Valenciana Antifraude ni confirma ni desmiente la existencia de una investigación alegando protección de datos personales.