El asolador efecto ‘bomba de racimo’ del Plan del Tajo de Sánchez recortará 2.400 empleos en Alicante

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 03/04/2023 14:12
  • Actualizado: 03/04/2023 16:19

La Diputación de Alicante presentará en las próximas horas ante el Tribunal Supremo (TS) su recurso contencioso administrativo contra el Plan de Tajo aprobado por el Gobierno de España, según ha avanzado este lunes el presidente de la institución Carlos Mazón. En ese recurso, la Diputación de Alicante reclama su suspensión cautelar por los graves daños que el «efecto bomba de racimo» de su puesta en marcha causará al Empleo, a la Economía y al Medio Ambiente en la provincia de Alicante. Esos daños están estimados en lo inmediato en una reducción de 28 hectómetros cúbicos del caudal, una pérdida de actividad cuantificada en 84,9 millones de €, la destrucción de 2.400 puestos de trabajo directos e indirectos, la deslocalización de empresas y la pérdida de mercado en el contexto español y europeo de la denominada huerta de Europa.

En el citado recurso, a diferencia del presentado por la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig, la Diputación de Alicante combate la primera subida del caudal ecológico del Tajo de 7 hectómetros cúbicos por segundo y argumenta la falta de justificación técnica al considerar que la decisión, que tilda de «arbitraria», del Gobierno de España de subir un metro cúbico el caudal ecológico está «generando ya» un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico» para la provincia de Alicante.

En su recurso, según ha explicado Mazón, la Diputación de Alicante pone de manifiesto la falta de justificación técnica que avale un incremento de los caudales ecológicos al no haberse presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera que pruebe que ese incremento del caudal ecológico desde el tramo de Bolarque a la confluencia del Jarama vaya a suponer un cambio significativo, una mejora de la calidad de las aguas o del estado ecológico de la cuenca cedente., mientras que las consecuencias en la cuenca del Segura serán «extremadamente graves».

Advierte de que los daños ocasionados por el recorte del Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones y que el incremento de las infraestructuras alternativas que prevé el Ejecutivo de Pedro Sánchez así como de la capacidad de las desaladoras conllevará una tramitación administrativa que se alargará durante varios años.

También, ha advertido de que el aval que de facto se da en el recurso presentado por la Generalitat Valenciana al incremento del primer caudal ecológico supone una «rendición a plazos del Gobierno de Ximo Puig» y lo ha calificad como «un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE, que nos puede levar, desgraciadamente, a una resolución del Tribunal Supremo contraria a los intereses de a provincia de Alicante».

Por su parte, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante (UA) Andrés Molina ha coincidido en que la estrategia jurídica del Gobierno valenciano puede afectar de manera negativa a la resolución, «porque en la práctica procesal, una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio es muy difícil que en los recursos sucesivos se estime la suspensión».