La anotación que incrimina a un ex alto cargo del PSOE valenciano en ‘Azud’: “300.000 euros para R.R.”

El sumario del caso Azud, una macrocausa de corrupción urbanística en Valencia, revela que Rafael Rubio –el que fuera portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento valenciano y subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad que preside Ximo Puig– recibió una comisión de 300.000 euros a cambio de mirar hacia otro lado. Así consta reflejado en los documentos intervenidos en los registrados de las empresas del cabecilla de la trama, el empresario Jaime María Febrer Rovira. OKDIARIO ha tenido acceso a la ingente documentación intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Entre los informes destaca la factura con la anotación a bolígrafo: “300.000 euros a R.R.”.

Los agentes sitúan estas facturas tras las reuniones mantenidas en septiembre de 2005 entre el empresario Jaime María Febrer y los socialistas José Luis Vera -abogado, ex magistrado y ex alto cargo del PSOE-, Pepe Cataluña -responsable de finanzas del PSPV- y Rafael Rubio -la voz de los socialistas en el consistorio valenciano–. En dicho encuentro, según se desprende del sumario, se compró el silencio del entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que acababa de denunciar públicamente un pelotazo de la empresa Construcciones Valencia Constitución del empresario Febrer, cabecilla de la trama del caso azud. El ajetreo mediático del socialista Rubio generó inquietud en el empresario, que pretendía mantener en la sombra sus negocios urbanísticos presuntamente ilícitos. “No quería que aparecieran en prensa informaciones de sus actividades”, según la juez que realiza la investigación.

A cambio de esto, Rubio salió de la reunión con un acuerdo bajo el brazo. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el socialista habría recibido sobornos que oscilan entre los 300.000 a 750.000 euros en metálico. La cifra aún está por determinar, sin embargo, los agentes del Instituto Armado hallaron anotaciones claves en el registro practicado en la sede del Grupo Axis de Febrer.

Los agentes analizan en un informe, que obra en la causa, “una serie de anotaciones manuscritas que se habrían realizado en el marco de diversas reuniones mantenidas entre sus directivos”.

Añaden: “A juicio policial, del análisis conjunto de todas ellas se evidencia, por un lado, la existencia de una serie de cantidades monetarias contabilizadas como gastos que, indiciariamente, se corresponderían con comisiones de naturaleza ilícita y, por otro lado, quiénes serían los aparentes destinatarios de esta serie de comisiones; entre los que se encontraría Rafael Rubio Martínez”.

En este sentido, continúan, a modo de ejemplo, se ha localizado una de las tablas de costes que manejaron durante el desarrollo de la operación, en la que aparece a anotación: “entregada copia a Rafa Rubio”.

Además, en una de las tablas –en las que se reflejaban las mordidas destinadas a los investigados– “se identifica a cada una de estas cantidades a una letra, asociando la cuantía 300.0000 euros a R” que se trata, según los investigadores, de Rafael Rubio. Estos documentos, en los que se reflejan las partidas destinadas a cada una de las personas que intervenían en la trama, se modifican en las reuniones –mantenidas entre el empresario y los políticos– sufriendo “alteraciones a lo largo del proceso”, apuntan los miembros de la UCO.

Rafael Rubio, por cierto, fue hasta hace sólo un año, cuando fue detenido en el marco de la operación Azud de la que ahora se filtra el sumario, el subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia pese a que ya constaba como imputado. Fue destituido tras su arresto.

‘Caso Azud’

El caso Azud es uno de los tres asuntos más graves que actualmente existen en la política valenciana a nivel judicial, junto a los que afectan a Francis Puig, el hermano del presidente autonómico Ximo Puig y el caso Oltra.

En la macrocausa se investigan los presuntos pagos y cobros irregulares a cambio de supuestos favores urbanísticos. Inicialmente, en el entorno del Ayuntamiento Valencia, pero también hay otros municipios y comunidades supuestamente afectados. El principal imputado de la trama es el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, quien recientemente dejó su cargo.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo, en el marco de este caso el mes de mayo de 2021 al entonces subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, así como a 10 personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.

Tras la detención, de la que informó en primicia OKDIARIO, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, emitió un comunicado para anunciar la destitución «inmediata» de su número dos y subdelegado en la provincia de Valencia, Rafael Rubio.