Absueltos los acusados del ‘caso Alquería’ para los que Fiscalía pedía de seis a ocho años de cárcel

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los 14 acusados en el denominado caso Alquería por las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra de la Diputación de Valencia entre los años 2015 y 2018. El Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia les exculpa de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, que les atribuía tanto la Fiscalía, que pedía penas entre seis y ocho años, como las acusaciones particulares, mientras las defensas solicitaban la libre absolución.

Entre los acusados y ahora absueltos se encontraba el entonces presidente de la Diputación de Valencia y ahora alcalde de Onteniente Jorge Rodríguez. La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación ante ante la Sala de lo Civil y Lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Las acusaciones mantenían que los máximos responsables de Divalterra habían diseñado un sistema de dirección para favorecer a miembros afines o simpatizantes de los partidos que dirigían la Diputación de Valencia.

Sin embargo, la Audiencia concluye que no está acreditado que la sociedad fuese perjudicada por ese modelo de gestión y que la nueva estructura «permitió ampliar significativamente su actividad sin que lo hiciera el presupuesto».

Refleja, también, que no medió concurso público alguno para cubrir las direcciones de área y que la selección de los contratados «sin perjuicio» de la exigencia de formación profesional, se hizo entre personas conocidas y afines ideológicamente con los partidos del Pacto del Botánico.

Pero precisa también que no puede tenerse por acreditado que esa nueva estructura «obedeciera a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas, como una forma de pagar favores o conceder prebendas». Todo ello, según ha informado el gabinete de comunicación del TSJ valenciano a través de un comunicado.

También, considera que las personas contratadas desempeñaron un trabajo efectivo y que no puede decirse que dicho trabajo fuera «irrelevante o carente de responsabilidad».

Los magistrados descartan el delito de malversación porque los contratados, con independencia del tipo de contrato que suscribieron «cumplieron las funciones correspondientes a director/a de sus respectivas áreas», lo que «impide hablar de sustracción desvío de fondos, pues las cantidades satisfechas estaban ya presupuestadas para el fin a que se destinaron», por lo que «no ha habido perjuicio para las arcas públicas».