El Tribunal Superior de Cataluña anula parte del decreto que blindaba el catalán en las escuelas
El Gobierno de ERC aprobó el régimen lingüístico educativo de la Generalitat para blindar el catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado varios artículos del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat que blindaba el catalán en las escuelas, al estimar parcialmente un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que aseguraba que «margina» al castellano.
«La resolución judicial constituye un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular», ha valorado la AEB en un comunicado, este miércoles.
En la sentencia se anulan, de manera parcial o total, más de un decena de artículos de este decreto que el Gobierno de Cataluña aprobó en mayo de 2024, bajo el gobierno de Pere Aragonés (ERC), para dar seguridad jurídica a las escuelas en sus proyectos lingüísticos y blindar el catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular al «contravenir» los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución.
El Tribunal Superior de Cataluña ha anulado artículos del decreto de régimen lingüístico educativo, entre ellos el que fijaba el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje como lengua de atención al alumnado recién llegado, de relación interna en los centros educativos y de proyección externa del centro y de relación con el resto de la comunidad educativa.
El tribunal ha declarado nulos de pleno derecho los artículos 2c, 2d y 2e relativo a finalidades, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5 de uso de las lenguas, el artículo 6 excepto el apartado relativo a rotulación, 7.2 de lengua castellana, 9.3b de lenguas extranjeras y el 10.1 y 10.2 de acogida y atención lingüística del alumnado recién llegado.
También anula el 18a relativo a finalidades del proyecto lingüístico, 19.1e, 19.1f, 19.2a, 19.2b y 19.2d de contenidos del proyecto lingüístico y el 24.2a, 24.2b y 24.2f de mecanismos e indicadores para el seguimiento del proyecto lingüístico, 33 sobre centros educativos y 34.1 de centros privados sostenidos con fondos privados. El TSJC ha desestimado el recurso para otros artículos del decreto relativos al catalán como lengua oficial de la administración educativa y el catalán como lengua oficial de la administración educativa.
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