La Fiscalía archiva la denuncia por los hacinamientos en los trenes de Cercanías de Cataluña

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa abierta contra los responsables de seguridad de los trenes de Cercanías en Cataluña, Adif y Renfe por, presuntamente, dañar la seguridad de sus usuarios con su gestión del transporte público y no implementar medidas para evitar contagios los meses posteriores al confinamiento en primavera por el coronavirus.

Tal como puede avanzar OKDIARIO tras confirmarlo con fuentes oficiales del Ministerio Fiscal, la investigación se ha archivado hace unas semanas y se ha notificado a los denunciantes, es decir, la plataforma Xnet. No ven delito en el caso analizado. La denuncia se registró el 19 de noviembre, en particular, contra la dirección general de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el responsable de seguridad de Rodalies (Cercanías) de Cataluña, los jefes de seguridad de Renfe y los jefes de seguridad de Adif.

La Fiscalía, que dirige la ex ministra Dolores Delgado, ha realizado la investigación tras registrar la denuncia de Xnet por posibles delitos de lesiones por imprudencia grave; contra el deber de las administraciones de garantizar derecho a la seguridad y a tener un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos. También la denuncia se basaba en las obligaciones que recoge el Estatuto de Cataluña y la Constitución en relación a garantizar la seguridad y la salud.

Los denunciantes, que han recibido con pesar el archivo, reprochaban que no se aumentaron la frecuencia de trenes o se habilitaron más vagones o más largos para evitar las aglomeraciones que expanden el Covid-19. Consideraban que estábamos ante «una infracción de los requisitos exigibles en materia de salud y seguridad en los servicios básicos de transportes, causando un efectivo resultado lesivo para la seguridad de los usuarios». También denunciaron a la Agencia Catalana de Consumo.

Por su parte, Renfe y el Gobierno regional de Cataluña aseguraron haber tomado «todas las medidas en sus trenes e instalaciones» para evitar contagios de coronavirus desde que se decretó el estado de alarma en marzo. En un comunicado conjunto, Renfe y la Consejería de Territorio y Sostenibilidad argumentaron que las medidas en trenes e instalaciones se habían «aprobado siempre consensuadas» con la Generalitat y según las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Afirmaron que sí adaptaron la oferta durante el estado de alarma, para detallar que hay un «descenso en la demanda al transporte público, que esta semana está en torno al 50%» pero los trenes de Cercanías mantienen el 100% de frecuencias y capacidad de los trenes los días laborables.

Para restar importancia a la denuncia, que se basaba en fotografías y vídeos de decenas de personas hacinadas en los vagones, las autoridades enumeraron varias medidas. En particular, el refuerzo de la limpieza y la desinfección de los trenes, especialmente de los elementos que suponen más riesgo de transmisión como los pulsadores para abrir las puertas, además de la «renovación total del aire del interior de los coches en una media de siete minutos».

Igualmente, destacaron las campañas informativas y mensajes por megafonía en trenes y estaciones, así como en las pantallas, que recuerdan la obligatoriedad de usar mascarilla y la recomendación de «viajar en silencio evitando la interacción social». Subrayaron que se habían colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y mamparas de protección en las ventanillas de venta. Además, aseguraron que se había incrementado el personal de seguridad en las estaciones. «Tanto los expertos como las autoridades sanitarias confirman que el transporte público, con todas las medidas que se han establecido, no es un foco de contagio de la Covid-19», concluyeron desde Renfe.

«Incumplimientos»

Sin embargo, los denunciantes rechazaron esos argumentos. Veían una «dejación de funciones» en la gestión del transporte público durante los meses posteriores al confinamiento domiciliario. Sostenían que no se habían adoptado medidas para evitar contagios y garantizar la seguridad en estos espacios.

En el escrito de denuncia, Xnet señalaba que la gestión del transporte público puede suponer los presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave. Los denunciantes apuntaban que se han incumplido la Ley General de Salud Pública, la de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley catalana de Salud Pública y el Código de Consumo de Cataluña.

«Las y los usuarios de transporte se han encontrado con un servicio deficiente que conllevaba aglomeraciones (previsibles) poniendo en riesgo su salud y seguridad», lamentaron. Así, esgrimieron que no se habían adoptado las medidas recogidas en el Real Decreto Ley para contener el coronavirus en cuanto a la adaptación del servicio de transporte público.

«Durante la desescalada muchas líneas en circunstancias, horarios y días absolutamente previsibles, los trenes de Rodalies (Cercanías) estaban llenos, lo que no permitía mantener la distancia de seguridad adecuada», lamentaron para agregar que tras esas escenas no se tomaron nuevas medidas.

Carta

La plataforma Xnet además remitió una carta a los ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa, y otra con el mismo contenido a los consejeros regionales Damià Calvet y Alba Vergés. Trasladaron el anuncio de la denuncia presentada ante la Fiscalía y les reprochaban que, desde el inicio de la pandemia, las administraciones «han desatendido su obligación de garantizar la seguridad» de los usuarios.

«Han dictado pero no han tomado medidas reales y efectivas para procurar el espacio suficiente para que las personas mantengan las distancias de seguridad», apuntaban. Así, citaban un artículo del citado Real Decreto, de que subrayaban: «Los operadores deberán ajustas los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, y atendiendo a las medidas sanitarias».

Agregaban que, en cualquier caso, se deberían «evitar las aglomeraciones, así como respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes». La carta reprochaba que «constantemente se responsabiliza a la ciudadanía, también en las medidas relativas al transporte público, donde solo se han impuesto reglas para las y los viajeros que, además, son imposibles de cumplir», y afirma que el transporte público ha sido uno de los principales focos de contagios.