Alerta urgente en Canarias por riesgo volcánico: activado el nivel rojo de aviso por una probable erupción

El Boletín Oficial del Estado ha oficializado la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, documento que confirma a Canarias como el único territorio español donde su implantación es obligatoria. La regulación fija en el flanco noroeste de Tenerife seis municipios catalogados en nivel rojo, donde viven unos 38.000 ciudadanos, obligando a estas localidades a diseñar planes de actuación locales para gestionar posibles emergencias eruptivas.

El riesgo se concentra sobre todo en el noroeste de Tenerife. Allí hay seis municipios catalogados en nivel rojo o de amenaza muy alta. Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico y parte de Icod de los Vinos. En esta zona viven cerca de 38.000 personas que, debido a la norma, deberán contar con un plan de respuesta específico en sus ayuntamientos. Si se suman las áreas de amenaza alta la cifra de población expuesta sube a entre 60.000 y 69.200 vecinos.

Nuevos aspectos que exige la ley

La nueva directriz exige que los planes municipales no solo piensen en los residentes habituales. A partir de ahora deberán incluir a los turistas y población flotante, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y prever situaciones vistas en las erupciones de El Hierro (2011) y La Palma (2021), como la llegada de la lava al mar o la gestión de erupciones submarinas.

Las autoridades recuerdan que tener un 77,69 % de probabilidad en medio siglo no significa que vaya a haber una erupción de forma inmediata. Se trata simplemente de un trámite legal que obliga a las islas a estar preparadas de antemano.

Recurrencia histórica y origen del límite

La alta probabilidad fijada para Canarias encaja con su historia. En los últimos 500 años se han registrado 14 erupciones, lo que da una media de un evento cada 33 años aproximadamente. La idea de incluir un porcentaje mínimo (el 5 %) para exigir planes obligatorios fue una propuesta del Instituto Volcanológico de Canarias. Su objetivo era asegurar que los recursos públicos de prevención se repartieran con criterios científicos concretos y en los lugares donde realmente hacen falta.