Vox denuncia las trabas judiciales para investigar el caso del aborto de una menor desvelado por OKDIARIO

Vox denuncia las trabas de la Justicia para investigar el escándalo de las menores tuteladas que sufren abusos sexuales y ya ha anunciado que recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma que ha pedido al partido una fianza de 20.000 euros para investigar el caso desvelado por OKDIARIO de una menor tutelada supuestamente desaparecida y obligada a abortar por técnicos del IMAS (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales).

El Juzgado pide la fianza para que Vox sea aceptada como acusación popular. El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha considerado que «resulta asombroso que nos pidan 20.000 euros, a nosotros que lo hemos denunciado. Es una de las fianzas más altas que he visto. Lo hemos hablado con la vicesecretaría jurídica nacional de Vox y vamos a recurrir».

Campos ha añadido que si no se rebaja esta cuantía, «Vox hará todo lo posible para que esto se investigue hasta el final. Si hay que hacer un esfuerzo económico se hará, ya veremos de dónde sacamos el dinero».

Según Campos, «no se puede seguir poniendo trabas». El líder de Vox se ha preguntado «por qué todo esto se quedó atascado en Fiscalía. Tuvimos que denunciarlo en los Juzgados cuando se debería haber actuado de oficio porque existen informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de lo que sucedió. No comprendemos y queremos saber qué pasa».

Esta situación se produce después de que Vox presentara la semana pasada un escrito de impulso procesal ante el Juzgado número 8 ya que «desde el 22 de febrero de 2022 el procedimiento se encuentra paralizado sin motivo alguno».

Cabe recordar que se supone que el Juzgado ha abierto diligencias y que ya han pasado casi siete meses sin novedad alguna. La denuncia se presentó bajo la dirección letrada de Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de Vox. Es más, el caso llega a los Juzgados cuando Vox lo denuncia tras meses de silencio de Fiscalía, a la que, también Vox había notificado los hechos ya en septiembre de 2021 y una ampliación en noviembre del mismo año.

Según consta en el atestado policial que desveló este medio, el IMAS dio por desaparecida oficialmente a una menor tutelada. Sin embargo, mantuvieron contacto con ella y se le presionó para interrumpir su embarazo acompañándola a una clínica abortiva privada tal y como consta en los informes policiales.

El informe elaborado por el grupo de Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil contiene 44 páginas a una cara, más otras 20 anexadas con las declaraciones de testigos. El documento fue entregado en la Fiscalía de Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, el 20 de agosto de 2021. El atestado policial que explica todo lo ocurrido a la menor tutelada y fugada de un centro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) durante más de un año, fue ampliado con nuevas diligencias el 1 de octubre de 2021.

La menor, con el nombre ficticio de María, fue obligada a abortar en noviembre de 2020 después de quedarse embarazada y cuando estaba bajo la tutela del IMAS, que había denunciado su desaparición ante la Guardia Civil y mantuvo la denuncia activa durante 13 meses, a pesar de que tenían localizada a la menor en casa de su novio.