Situación crítica de los centros de día de ancianos de Palma por la falta de financiación municipal

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 29/11/2024 06:55
  • Actualizado: 29/11/2024 06:55

Situación crítica de los centros de día de ancianos de Palma por la falta de financiación municipal. Todo ello después de que la empresa que los gestiona haya remitido un escrito al Ayuntamiento de la capital balear al que acusa de «falta de buena fe para poder solventar el daño patrimonial sufrido», y ser «plenamente consciente de que está prestando dicho contrato forzosamente sufriendo numerosas pérdidas económicas e irreparables, sin que exista ni haya existido ningún tipo de acción para solventar dicha situación».

Prueba de ello, apunta la entidad, es que el 9 de febrero de 2023 presentó  un escrito manifestando su disposición a no prorrogar por la inviabilidad del contrato, ante el incremento imprevisible de costes y la entrada en vigor del nuevo convenio de personal, así como de los costes de suministros y alimentación que hacen inviable poder seguir con la prestación del servicio en las mismas condiciones.

Quavitae sustancia esa supuesta mala fe municipal en el hecho de que en marzo de 2024, el gobierno municipal convocara y sacara a concurso de nuevo el servicio de gestión integral de siete centros de día a un precio un 38,46% superior al que esta empresa está percibiendo actualmente.

A pesar de ello, quedó desierta la convocatoria por la inviabilidad económica del contrato, «provocando esta falta de diligencia de la Administración en la realización de los cálculos económicos» que el actual gestor «siga asumiendo forzosamente un contrato a un precio insostenible», lamenta la compañía.

A su juicio esta situación está provocando «un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento de Palma» porque, «siendo conocedora de esta situación, sigue dilatando en el tiempo la gestión de estos contratos a un precio muy por debajo de los costes del servicio, sin licitar una convocatoria asumible para otros licitadores».

El incumplimiento de adecuar el presupuesto base de licitación a los precios de mercado en el nuevo concurso, atendiendo a los costes salariales a partir del convenio laboral de referencia, causan un incremento del daño patrimonial a la empresa que mantiene estos centros sociales, al verse obligada a continuar gestionando un contrato a un precio que el propio Ayuntamiento reconoce que es inviable económicamente.

Por ello la entidad califica la actuación municipal de «negligente en la preparación y adjudicación del nuevo contrato» dado que el concurso ha quedado desierto, lo que le «está generando un perjuicio patrimonial», como ha denunciado en varios escritos remitidos al Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024 y 26 de marzo.

Las pérdidas del contrato hasta el 31 de agosto de este año ascenderían a 232.992,46 euros.

A esta cantidad hay que sumar las del centro de día del barrio de Son Cladera  (47.146,20 euros), más las que se producirán para el periodo entre el 1 de septiembre y el próximo 30 de noviembre como consecuencia de la  continuidad forzosa por la enésima prorroga ya aprobada y que han sido estimadas en 16.127,26 euros.

En total, en estos momentos, casi 300.000 euros de pérdidas que el Ayuntamiento se niega a desembolsar.

Según los jurídicos municipales, las prórrogas obligatorias del contrato obedecen al «carácter básico del servicio», por lo que «deben evitarse interrupciones y mantenerlo de forma continuada a favor de las personas usuarias». Por ello, consideran que se ajustan a las prescripciones establecidas en el contrato, y «deben mantener inalterables las características de éste, sin que en ningún caso, deban adaptarse posibles incrementos de costes que en cada momento se produzcan durante su ejecución».

Para el Ayuntamiento esta inalterabilidad en el precio «tiene plena concordancia con el principio de riesgo y ventura aplicable a los contratistas y a los riesgos previsibles y propios del contrato», porque «los contratos públicos se realizan a riesgo y ventura del contratista que deberá asumir los riesgos normales que son inherentes a la ejecución del contrato».