Un senegalés se enfrenta a 10 años de cárcel por violar en un hotel de Magaluf a una menor fugada de un centro tutelado del IMAS

El escándalo de los abusos y explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca que se fugaban de los centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que salpicó al Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol y al Consell de la también socialista Cati Cladera llega a los tribunales.

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este miércoles a un hombre de origen senegalés acusado de violar a una menor de 17 años en el interior de un hotel de la localidad de Magaluf, en el municipio de Calvià. La víctima se fugó de un centro días antes días antes de que sucedieran los hechos.

La agresión sexual ocurrió concretamente en la madrugada del 27 de octubre de 2021. Según expone el escrito acusatorio al que ha tenido acceso este periódico, la niña acompañó al acusado a la habitación del hotel donde este se encontraba hospedado junto a otras personas en Magaluf.

La joven se hallaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor, el encausado actuó movido por un ánimo libidinoso y comenzó a tocarle los pechos y los genitales. A continuación, le pidió que le realizara una felación. Ante la negativa expresa de la joven, el hombre la agarró fuertemente de la cabeza y le introdujo el pene en la boca, obligándola a mantener sexo oral en contra de su voluntad.

El fiscal califica estos hechos como un delito de agresión sexual con penetración bucal, por lo que se pide una condena de 10 años de prisión para el individuo. Además, el Ministerio Público reclama imponer al acusado una medida de libertad vigilada durante 10 años, la cual se ejecutará una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Asimismo, solicita una inhabilitación especial de 20 años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con menores de edad. En cuanto a las medidas de alejamiento y protección, el Ministerio Público exige la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros (así como a su domicilio, lugar de estudio o trabajo) y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de diez años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía requiere que el procesado indemnice a la perjudicada con la cantidad de 12.000 euros por los daños morales ocasionados.