La sanidad balear ha registrado más de 200.000 atenciones a inmigrantes ilegales entre 2024 y 2025

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 28/11/2025 11:52
  • Actualizado: 28/11/2025 12:15

El Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento balear ha destapado las cifras oficiales sobre la carga que supone la atención a inmigrantes ilegales para el sistema público de salud de Baleares. Tras una pregunta escrita formulada por la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, la Conselleria de Salud ha confirmado que sólo en el año 2024 se realizaron 103.124 consultas de atención primaria a inmigrantes ilegales.

«Estos datos evidencian la enorme presión que la inmigración ilegal está ejerciendo sobre los servicios públicos y las arcas de la comunidad», ha afirmado Cañadas.

Según la documentación oficial remitida por el IB-Salut, entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, la sanidad pública balear ha soportado una carga asistencial masiva por parte de personas en situación irregular. En concreto, se han registrado 194.608 consultas médicas en Atención Primaria (103.124 en 2024 y 91.484 en lo que llevamos de 2025). A esto se suman 40.240 atenciones en urgencias y cerca de 28.000 estancias hospitalarias.

«Es un insulto a los ciudadanos de Baleares que pagan religiosamente sus impuestos y sufren listas de espera interminables para ver a su médico de cabecera o especialista. Estamos financiando un sistema que prioriza al que llega saltándose la ley frente al residente que lleva toda la vida cotizando», ha sentenciado Manuela Cañadas.

Desde Vox señalan que estas cifras no son sólo estadísticas sanitarias, sino un
indicador directo del «efecto llamada». El partido exige al Govern balear que preside la popular Marga Prohens y al Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez medidas inmediatas para priorizar la asistencia a los nacionales y residentes legales y asegurar la viabilidad económica del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Además, hace apenas un mes Vox se quedó solo en la solicitud de limitar la atención a urgencias vitales a los ilegales para no colapsar un sistema que ya no da más de sí y priorizar a los residentes.