El Gobierno de Sánchez no pide catalán a las enfermeras de la cárcel de Palma y el PSOE balear lo quiere imponer
Una convocatoria del centro penitenciario adscrito al Ministerio del Interior exime de este requisito a los aspirantes a la plaza
Los socialistas llevan los tres años de la legislatura reclamando al Govern del PP mantener su imposición en todos los ámbitos
El Gobierno de Pedro Sánchez y, más en concreto, el Ministerio del Interior, no exige el requisito de catalán para trabajar como auxiliar de enfermería en la cárcel de Palma, pese a que Francina Armengol lo impuso como requisito para acceder a cualquier empleo público en Baleares las dos pasadas legislaturas y el PSOE defiende mantener su imposición, ahora en la oposición al Govern del PP de Marga Prohens.
Y mientras la hoy presidenta del Congreso y los socialistas en las islas continúan criticando cualquier decisión de Prohens que suponga cualquier mínimo giro en esta materia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actúa en consecuencia.
Así ha ocurrido con una oferta de empleo del centro penitenciario de Mallorca para cubrir con carácter indefinido una plaza de auxiliar de enfermería en la que no se exige ningún requisito lingüístico a los posibles candidatos al puesto, que, además de la titulación sanitaria pertinente, solo deben estar inscritos en el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB).
Toda una demostración del cinismo socialista. Hay que tener en cuenta que una de las grandes polémicas de los socialistas tras pasar esta legislatura a la oposición en Baleares vino motivada por la aprobación en el otoño de 2023 del decreto ley de medidas urgentes en educación y sanidad del Govern de Prohens, que, entre otras medidas, incluía la eliminación del catalán como requisito en la sanidad pública.
La ex consellera de Salud socialista del Govern de Armengo, Patricia Gómez, llegó a asegurar que el catalán «nunca ha sido un problema para contratar a profesionales sanitarios en esta comunidad autónoma» e instaba a Prohens a «pensar en los derechos de los ciudadanos y de los usuarios para que se puedan dirigir a la administración pública en una de las dos lenguas cooficiales».
Para la socialista, «fomentar el uso del catalán en las administraciones públicas enriquece la comunicación» y exigía que se mantuviera el requisito de catalán hasta para cubrir plazas de difícil cobertura, en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.
De hecho, el Govern de Armengol excluyó la pasada legislatura a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el nivel de catalán. Eran 12 enfermeras de Urgencias, hasta 2.500 celadores y una cuarentena de trabajadores sociales e higienistas bucales.
La ex consellera Gómez convocó un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para el Servicio de Salud al que se presentaron unos 7.000 aspirantes, pero 2.600 de ellos no tuvieron ninguna posibilidad de ocupar una plaza por mucha formación y experiencia que tuvieran. ¿El motivo?: No tenían título de catalán, pese a la falta de personal en todos los campos que sufría la sanidad balear.
Sin embargo, en el centro penitenciario de Mallorca, dependiente del Ministerio de Grande Marlaska ubicado en Palma, en esta oferta para cubrir plazas de auxiliares de enfermería, el catalán no aparece como requisito a las que opten a esta plaza.
Aunque sus funciones serán como las de cualquier profesional de esta categoría, a los que el anterior Govern socialista sí se lo exigía para trabajar en los hospitales públicos de Baleares:
«Ejercer en general los servicios complementarios de la asistencia sanitaria en aquellos aspectos que no sean competencia del personal diplomado, llevar la documentación sanitaria necesaria, recoger datos clínicos, repartir medicación, ordenar preparados y efectos sanitarios, cuidar la higiene y limpieza de la enfermería, acompañar a los médicos especialistas». Eso sí, en este caso no hará que los atiendan en catalán.
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