Las quejas de los interventores obligaron a Armengol a frenar el decreto que beneficiaba a tres altos cargos

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 11/08/2022 06:46
  • Actualizado: 11/08/2022 06:46

No fue ningún error. El Govern que preside la socialista Francina Armengol rectificó el decreto ley que beneficiaba a tres altos cargos por las protestas de los interventores y de la Sindicatura de Cuentas. Se trata del decreto que permite que los auditores de cuentas se conviertan de pronto en interventores, lo que supone  un sueldo adicional de 40.000 euros al año. La medida beneficiaba directamente a la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, y a otros dos altos cargos del Govern así como a la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera. Todos son miembros del PSOE .

El Ejecutivo autonómico explicó este miércoles que en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) se había publicado por error el decreto ley sobre los auditores. Añadía que este error fue corregido antes de que el Parlament validara el mencionado decreto. El decreto a favor de la consellera Rosario Sánchez está firmado por ella misma.

La realidad es que no fue ningún error. El Consell de Govern aprobó el decreto ley en los términos que fue publicado en el BOIB. El decreto permaneció publicado durante 15 días y no se rectificó hasta un día antes de que entrara en el Parlament para ser ratificado. Se rectificó no por haberse detectado error alguno, como dice ahora el Govern, sino por las protestas de los interventores y de la Sindicatura de Cuentas.

Para ser interventor hay que superar unas oposiciones muy duras y no parece lógico que por medio de un decreto ley se facilitara el acceso a una plaza de interventor a los auditores sin más trámites ni oposiciones. Tanto la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, como la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera, y otros dos altos cargos del Ejecutivo son auditores de profesión y con el decreto ley pasaban a tener la categoría de interventores.

Fue en el mes de junio cuando Rosario Sánchez firmó el decreto ley aprobado por el Ejecutivo balear que implica un ascenso automático en su calidad de funcionaria, al pasar directamente de auditora a interventora con el correspondiente aumento significativo de sueldo, unos 40.000 euros más al año.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament, Núria Riera, ha anunciado la petición de comparecencia urgente de la consellera de Hacienda por firmar el decreto que incluía la equiparación de interventores y auditores que la beneficiaba al tener plaza de auditora de la Sindicatura de Cuentas.

“Si Juli Fuster tuvo que dimitir por firmar una resolución que beneficiaba a su hija, aquí nos encontramos con una consellera que se auto beneficiaba”, ha expuesto Riera: “Queremos escuchar todas las explicaciones”.

Riera ha anunciado que el PP está preparando una batería de preguntas a raíz de las informaciones publicadas en prensa sobre el “auto regalo” a la consellera Rosario Sánchez y a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, mediante la equiparación del cuerpo de interventores y el de auditores al que ambas pertenecen.

Sobre la explicación del Govern de que el decreto firmado en el Consell de Govern no decía lo mismo que el decreto publicado en el Boletín Oficial (BOIB), Riera ha señalado que “intentan tomar por tonta a la ciudadanía”. “Estamos ante unos hechos muy graves”, ha considerado.

Riera ha añadido que se han producido unas irregularidades «bochornosas y muy graves». Núria Riera ha explicado que, si hace años se abrieron las plazas de auditor para que pudieran presentarse a interventor -lo que ya beneficiaba directamente a Rosario Sánchez y a la actual presidenta del Consell, Cati Cladera- ahora se han equiparado, «es decir, que los auditores  automáticamente los integran en la categoría de interventores».

«Es una irregularidad tremenda desde el punto de vista de la Ley de incompatibilidades», porque «un alto cargo no puede firmar un decreto ley en el que se beneficie a uno mismo en su propia plaza», ha añadido la portavoz, que ha censurado también que este decreto haya estado publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) durante 15 días.