A principios de año el Consistorio palmesano duplicó las multas por abandonar vehículos en la vía pública, elevando el importe de 1.600 euros a los 3.000 euros actuales. Una medida disuasoria para evitar el abandono de vehículos, aunque en la práctica apenas se materializa, dado que muchos titulares son personas insolventes, sin recursos económicos ni bienes para embargarles.
Pese a ello, el actual sistema de la Policía Local de renuncia voluntaria de un vehículo comporta varios beneficios para su titular, como la exención del 50% de la tasa de retirada, la denuncia de abandono, el coste de descontaminación y desguace y, por último, la baja pertinente en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Para la retirada de los vehículos, el Ayuntamiento de Palma tiene contratadas dos empresas. Una se encarga de la retirada de los coches con claros síntomas de abandono y la otra de la destrucción y venta del metal por peso. El dinero de esta venta se ingresa en las arcas municipales.
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