PSOE y PNV tumban en el Senado una moción del PP para actualizar el plus de insularidad en Baleares

El PP ha calificado este lunes como una «burla» el actual plus de insularidad que reciben los trabajadores públicos del sector público estatal destinados en Baleares y ha pedido al Gobierno central que lo revise en una moción que, sin embargo, ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y PNV.

La senadora del PP por Mallorca María Salom ha recordado en el debate de la moción que estAs cuantías para compensar a los territorios extrapeninsulares se establecieron hace más de 15 años, ha pedido al Ejecutivo nacional que las adapte a la realidad actual mediante una dotación presupuestaria, que como mínimo deberá ser de 18 millones de euros adicionales para el ejercicio 2022 a los ya contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Además, la senadora popular ha exigido realizar las modificaciones legales pertinentes que habiliten a la Comunidad Autónoma a incrementar las retribuciones del personal al servicio de su sector público en hasta un 50% de la subida que se establezca para el personal al servicio del sector público estatal.

Salom ha afirmado que los servicios públicos son de peor calidad en Baleares «porque los funcionarios no quieren este destino».

A continuación, ha recordado que en las Islas hay más de 10.000 funcionarios del Estado entre Policías Nacionales, Guardia Civil, funcionarios de Hacienda, Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería.

En este sentido, la popular ha señalado que debido a lo «carísimo» que resulta vivir en Baleares, «no se cubren las vacantes y las plantillas están a un 60%», lo que repercute en la calidad de los servicios públicos. «En plena temporada turística necesitamos las plantillas al 100%», ha subrayado, informa la agencia Europa Press.

La moción del PP, que también reclamaba elaborar un estudio económico sobre los costes reales que les supone a los empleados del sector público trabajar en Baleares y, con estos datos, poder actualizar la indemnización, ha sido rechazada con 13 votos a favor y 14 en contra del PSOE, del PNV y de Vox.

El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, que ha intervenido en el turno de portavoces, ha puesto de relieve los datos facilitados por los propios sindicatos, que resaltan que «mientras en el año 2012 había más de 5.200 empleados de la Administración General del Estado en Baleares, hoy no llegan a 4.000».

«Esta cifra muestra perfectamente cómo el Estado va perdiendo peso en Baleares y, lo más grave para los ciudadanos, es que esto se traduce en una disminución de la calidad del servicio», ha señalado.

Marqués ha señalado que esta realidad se aprecia especialmente en materia de seguridad, con una falta de efectivos en la Policía Nacional y Guardia Civil; en Justicia, con unos «retrasos históricos» en los juzgados; y en trámites básicos para los ciudadanos, como el Servicio Público de Empleo», ha afirmado el senador.

Marqués también ha puesto de manifiesto los graves problemas para encontrar vivienda, con precios que suben cada año.

«La situación es muy preocupante, pero en Ibiza, Formentera o Menorca ya es insostenible, con situaciones inverosímiles: policías, médicos, alquilando garajes por 600 euros o teniendo que vivir en furgonetas», ha alertado.

Por último, el senador del PP ha remarcado que la indemnización por residencia lleva 15 años sin actualizarse, mientras la vivienda se ha disparado y el nivel de vida se encuentra en «límites históricos».

Según ha argumentado, subir la indemnización de 74 a 246 euros, «sólo le cuesta al Estado 18 millones de euros, irrisorio para el presupuesto que maneja el Ministerio de Hacienda».