Los promotores podrán usar zonas de transición para construir viviendas de entre 210.000 y 285.000 euros

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para extender el decreto de proyectos residenciales estratégicos a áreas de transición -que están en suelo rústico- de los municipios de más de 20.000 habitantes y dar un año para adherirse a las medidas o presentar proyectos.

Los populares calculan que con el redactado final de la nueva Ley de Vivienda se podrán poner en el mercado en los municipios de más de 20.000 habitantes viviendas VPO o a precio tasado a precios que oscilarán entre los 215.000 y los 285.000 euros.

El portavoz del PP en Parlament, Sebastià Sagreras, ha avanzado, en una rueda de prensa, que los ‘populares’ darán apoyo a las enmiendas que presente Vox durante la tramitación del decreto como proyecto de Ley de Vivienda, con la que pretenden solventar el problema de acceso a la vivienda «heredado» de anteriores legislaturas.

De este modo, el decreto convalidado por el Parlament se podrá aplicar a estas áreas de las localidades más pobladas de Baleares, siempre que los ayuntamientos lo aprueben en los plenos municipales.

Así, todas las viviendas que se construyan en estas zonas transitorias tendrán algún tipo de protección, ya sea como viviendas de protección oficial (VPO) o como viviendas a precio limitado. El coste de estos inmuebles, de entre 60 y 90 metros cuadrados, rondaría los 210.000 y los 285.000 euros, según los cálculos del PP.

Sagreras ha puntualizado que solo si hay un informe de viabilidad económica que lo justifique, se permitirá que un máximo del 25 por ciento de las viviendas se comercialicen a precio libre y el resto tendrán que estar limitadas.

Además, ha informado que, ante la «imperiosa necesidad» de vivienda, la legislación dará un plazo de un año para que los consistorios interesados en acogerse a las medidas den el visto bueno en sus plenos y los promotores presenten sus proyectos urbanísticos.

Otro aspecto que ha aclarado es que los ayuntamientos podrán disponer de estas áreas de transición sin necesidad de haber agotado los suelos urbanizables, siempre que los ayuntamientos lo justifiquen.

Las enmiendas también incluirán un apartado con el que se determina que las viviendas acogidas a algún régimen de protección se tengan que construir antes que las de precio libre. Al mismo tiempo, las personas que quieran acceder a estos inmuebles tendrán que tener una antigüedad en el empadronamiento en algún municipio de Baleares de cinco años.

También ha confirmado el apoyo del PP a la propuesta de Vox para que las personas condenadas por ocupación de una vivienda, por lo que sí habrá un artículo -a la espera de ver cómo queda redactado finalmente- que recoja esta limitación para acceder una VPO o a ayudas en materia de vivienda.

Preguntado por si este acuerdo supone algún avance de cara a aprobar los presupuestos autonómicos, ha alegado que las negociaciones de las últimas semanas se han centrado en estas enmiendas pero ha remarcado que se han trabajado de manera «independiente».