El PP saca adelante su iniciativa para que Europa reconozca la necesidad de compensar la insularidad

El Parlamento Europeo ha reconocido este martes la necesidad de establecer compensaciones justas para las empresas situadas en las islas europeas por el mayor coste que supone la insularidad y lo ha hecho gracias al impulso del PP en la elaboración del informe sobre Islas de la UE y políticas de cohesión.

El informe, que se ha aprobado este martes en el Pleno celebrado en Estrasburgo, incluye las demandas en este sentido que han liderado la eurodiputada balear Rosa Estarás, el eurodiputado canario Gabriel Mato y la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo de las Regiones, Isabel Benjumea.

Estarás, que intervino este lunes en el debate sobre este asunto, ha explicado que quienes viven en islas tiene “muchos desafíos”, como la presión demográfica, la doble o triple insularidad, la dependencia del transporte marítimo aéreo, la desconexión física del continente, los costes de las exportaciones y las importaciones y dificultades en el mercado laboral o en el acceso a la educación, la sanidad, el agua, la energía, etcétera.

Para compensar todo eso, uno de los puntos más importantes introducidos por iniciativa de los populares ha sido que las ayudas a las empresas que se ubiquen en las islas de la Unión Europea no estén sujetas a la regla de límites, llamada regla de minimis.

Esto significa, por ejemplo, que el Gobierno de España pueda establecer ayudas para el transporte de mercancías en las Islas Baleares sin tener que estar sujetas al límite de 200.000 euros que establece la UE.
Estarás recuerda también que islas como las Baleares “dependen prácticamente del turismo y necesitamos un apoyo fiscal complementario para poder tener un turismo sostenible” así como un plan específico de agricultura “para poder ser competitivos”.

En otro punto introducido por los populares, el informe subraya que “debe abandonarse el criterio de la distancia (150 km) utilizado en la clasificación de las islas como regiones fronterizas que pueden acogerse a la financiación de los programas de cooperación transfronteriza.