El PP quiere que los socios de Armengol se retraten con la ley de Sánchez para acallar a medios críticos
Presenta una moción en la Cámara balear contra el denominado Plan de Acción por la Democracia
Denuncia el "alarmante y acelerado deterioro democrático" que sufre España con el Gobierno de Sánchez
El PP balear quiere que los socios de Francina Armengol se retraten con la ley del Gobierno de Sánchez para acallar a medios críticos en este arranque del año con el Plan de Acción por la Democracia que presentó el pasado mes de septiembre.
Un proyecto que aboga por intentar silenciar a aquellos medios que informen sobre los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo o al entorno familiar de Sánchez y que el Gobierno empezó a pergeñar cuando se conoció que la mujer del presidente, Begoña Gómez, estaba imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Cámara balear debatirá en las próximas semanas, una vez que en febrero se retomen las sesiones, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Parlament que inste al Gobierno de Sánchez a lo que hoy parece imposible: que defienda la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información que «debe desarrollarse necesariamente en condiciones de libertad y pluralismo, dado su papel esencial para la convivencia democrática, la formación de una opinión pública libre y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad de las autoridades políticas».
Una iniciativa no de ley que para salir adelante necesitará del respaldo Vox, antes socios programáticos del PP, pero que también retratará a los compañeros de viaje de la secretaria general del PSOE en Baleares, Francina Armengol, los independentistas de Més por Mallorca y Menorca, y a la única diputada de Podemos en la Cámara balear.
La propuesta del grupo mayoritario en el Parlament es contundente respecto a una libertad de prensa en peligro por el asedio del Gobierno de Pedro Sánchez en su intento a la desesperada de acallar a los medios críticos que a diario informan de los casos de corrupción que salpican de lleno a su Gobierno.
En la misma, además de «reprobar las cada vez más frecuentes descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno de España y, en especial, por su presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso», se exige al Ejecutivo central que «desista de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación».
A juicio del PP balear, nos encontramos ante una «situación de acelerado deterioro democrático cuyos niveles son ya alarmantes, puesto que carece de precedentes en nuestra andadura constitucional y nos aleja cada vez más de los exigibles estándares europeos».
Es, por tanto, inaplazable que todas las instituciones democráticas y la sociedad civil aúnen sus energías en una respuesta serena, pero firme, frente a este desafío abierto contra herramientas tan esenciales para la convivencia democrática y la defensa frente a los abusos de poder como son las libertades de información y de opinión.
Como recuerda el partido del Ejecutivo balear, el Gobierno de Sánchez ha lanzado una serie de iniciativas bajo la premisa de «regeneración democrática», con un enfoque polémico hacia medios críticos, tildándolos de «pseudomedios» o de «máquina del fango».
Para los populares el uso de tales expresiones, y el señalamiento a ciertos medios de comunicación, representan un intento por desacreditar a la prensa crítica y limitar el acceso de los ciudadanos a una pluralidad informativa.
El objetivo de esta estrategia no es otro que eludir la responsabilidad del Gobierno y condicionar la percepción pública, limitando la independencia de los medios y erosionando uno de los contrapesos esenciales en toda democracia: la libertad de prensa.
Y como advierte el PP en el encabezamiento de la misma, la democracia parlamentaria siempre ha estado vinculada a la prensa libre. La libertad de información, junto con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, son condiciones imprescindibles para que un sistema político pueda ser validado democráticamente.
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