La Policía Local de Palma caza a más de 400 conductores superando los límites de velocidad en calles 30

La Policía Local de Palma ha cazado a 425 conductores infractores por superar los límites de velocidad en las denominadas calles 30, vías con esta limitación y convertidas en espacios idóneos para la circulación de patinetes eléctricos y bicicletas con mayor seguridad.

Según ha informado este cuerpo policial a través de un comunicado, los agentes han explicado que las vías 30 pasan a ser un objetivo habitual de las unidades de radar, que operarán con normalidad en las calles donde no se pueda superar esta velocidad.

Por su parte, los patinetes son objeto de especial atención por parte de la Policía Local por el peligro que supone por los peatones cuando hacen un uso inadecuado de las aceras. La Policía ha advertido igualmente de que la actuación policial no se puede limitar únicamente a denunciar a quién infringe las normas circulando por las aceras, sino también a velar por la seguridad de estos vehículos al hacer uso de la calzada.

Las vías 30 son alternativas para los usuarios de patinetes, que no siempre son respetadas por el resto de turismos, motos u otros usuarios, poniendo en riesgo a los más débiles, como en este caso, los patinetes o las bicicletas.

Así, los agentes llevaron a cabo la pasada semana mediciones en las calles Biniamar, Crédito Balear y Baltasar Valentí, que han dado como resultado el control de 925 vehículos entre turismos y motos, y han registrado un total de 424 infracciones para superar los 30 km/h y que, por lo tanto, aumentaban el peligro por los usuarios de VMP y bicis.

La Policía Local ha explicado que este tipo de pruebas se pueden hacer desde vehículos o con radares portátiles.

Las infracciones por exceso de velocidad pueden generar sanciones de hasta 600 euros, pérdida de seis puntos, o incluso llegar a tener relevancia delictiva con penas de seis meses de prisión o multa de hasta 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la retirada del permiso de conducción por un tiempo máximo de cuatro años.