El ‘pirata de las villas de lujo’ acumula 21 denuncias por alquileres ilegales y fiestas salvajes en Mallorca

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 24/04/2026 04:00
  • Actualizado: 24/04/2026 04:00

Fiestas, desfases y molestias continuadas a los vecinos. El ‘pirata de las villas de lujo’ acumula 21 denuncias por alquileres ilegales, pero no tiene ningún pudor en seguir campando a sus anchas con total impunidad. Se trata de un empresario de Llucmajor que se encuentra bajo el foco de las autoridades tras la apertura de numerosos expedientes relacionados con la gestión de viviendas destinadas al alquiler turístico en distintos puntos de la isla.

Según las investigaciones en curso, acumula un total de 21 denuncias vinculadas a posibles irregularidades en la explotación de estos inmuebles, muchos de ellos presuntamente comercializados sin la correspondiente licencia o con datos que no coinciden con los registros oficiales. El ‘pirata’ opera con diferentes inmuebles, pero sus dos grandes villas están ubicadas en es Pil·larí,y en Puntiró. 

Las actuaciones inspectoras señalan que parte de las viviendas investigadas habrían sido anunciadas en plataformas digitales con números de registro que no corresponderían a los inmuebles ofertados, lo que ha despertado sospechas sobre un posible uso indebido de autorizaciones turísticas. Además, en varios casos se investiga si el número de plazas ofrecidas supera ampliamente el permitido por la normativa vigente, especialmente en propiedades destinadas a grandes grupos.

La situación ha generado un fuerte malestar entre vecinos de distintas zonas residenciales, especialmente en una urbanización de es Pil·larí, donde residentes denuncian desde hace años la presencia continuada de turistas, ruidos nocturnos, celebraciones multitudinarias y fiestas salvajes de gran intensidad acústica. Según relatan los afectados, estos episodios han provocado problemas de convivencia, alteraciones del descanso y situaciones de tensión en el entorno vecinal.

Algunos vecinos aseguran haber tenido que recurrir de forma reiterada a la Policía Local debido a las molestias ocasionadas, lo que habría dado lugar a informes en los que se apuntaría a la existencia de actividad turística no ajustada a la normativa. También sostienen que han trasladado su preocupación a las instituciones competentes en materia de turismo, aunque consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento.

Las investigaciones administrativas apuntan a un patrón de explotación de viviendas que incluiría la utilización de registros que no se corresponden con los inmuebles anunciados, así como la posible sobreocupación de las propiedades. Este último aspecto sería especialmente relevante en alojamientos destinados a eventos y celebraciones con numerosos asistentes.

Mientras tanto, los expedientes sancionadores continúan su tramitación en distintas fases y no se descarta la apertura de nuevas actuaciones en función de los resultados de las inspecciones en curso. Paralelamente, algunos residentes han iniciado acciones legales con el objetivo de frenar la actividad que consideran irregular y que, según afirman, ha afectado de forma prolongada a su calidad de vida.

El caso vuelve a poner de relieve el debate sobre el control del alquiler turístico ilegal en plataformas digitales y la capacidad de las administraciones para hacer frente a la oferta no regulada en un mercado en crecimiento, especialmente en zonas de alta presión turística como Mallorca.