Palma se ve obligada a aumentar el gasto en ayudas sociales en plena temporada y con récord de empleo

El Ayuntamiento de Palma incrementa el gasto en ayudas sociales en plena  temporada turística y récord de empleo que no se ha traducido en una disminución de las necesidades de las familias. Tener trabajo en Baleares y no llegar a fin de mes, es una realidad cada vez más presente en las Islas.

Tras conocerse esta semana que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó un 6,9% interanual en junio en Baleares (1.955 parados menos), hasta los 26.369 desempleados (el mínimo para un mes de junio desde 2006) según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el gasto social municipal continúa al alza en Palma.

Aunque se roce el pleno empleo en la capital balear en los meses centrales de la temporada turística, miles de palmesanos siguen necesitando ponerse a la cola de los servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas.

Y ante esta realidad el gobierno municipal del PP, ha aprobado un incremento del 33% del dinero destinado al Banco de Alimentos (45.000 euros) para cubrir estas carencias, y destinará 325.000 euros para la concertación de plazas de acogida para familias sin recursos con menores a su cargo, en la Fundación Sant Joan de Déu.

En este caso además ampliando hasta 58 las plazas (cuatro más) porque como reconocen los servicios sociales municipales, «es necesario continuar con el programa para garantizar sus necesidades».

Esta fundación ha acogido a 628 familias sin hogar desde 2015, que se han visto en situación de exclusión residencial por la pérdida de su hogar habitual.

El 70% de los casos atendidos es por no poder pagar una vivienda incluso trabajando, y solicitan por ello entrar en el recurso residencial al tener menores a su cargo y así cubrir sus necesidades básicas en alimentación e higiene.

Según el informe que sirve de base para esta ampliación del servicio, «se mantiene la situación de necesidad de acogida para familias vulnerables con menores».

Por ello, una de las primeras decisiones adoptadas este año por el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, fue modificar al alza el denominado plan estratégico de subvenciones de Bienestar Social con un incremento de hasta un 67% pasando de unos 330.000 euros a alrededor de 545.000 euros.

El motivo fue que lo previsto para 2024 era absolutamente insuficiente para garantizar la cobertura de necesidades básicas, intervención en situaciones de riesgo, actuaciones comunitarias, apoyo a familias vulnerables o políticas de inserción.

Entre otras cuestiones, como recoge este informe de los servicios sociales, por el aumento de la pérdida de viviendas por desahucios y no tener suficientes recursos económicos para poder asumir los gastos, o el incremento de familias en situación administrativa irregular que no les permite acceder a un contrato de trabajo, al alquiler de de una vivienda y requieren de un alojamiento alternativo.

También se apunta a que cada vez son más las familias refugiadas o asiladas que realquilan habitaciones y a las que se les comunica que deben abandonar la misma sin ninguna previsión, unido además al incremento generalizado de los precios de alquiler y una creciente dificultad para cumplir los requisitos.

Estos últimos años se han dado cambios sociales y económicos, que han tenido una incidencia directa con la situación de vulnerabilidad de las familias con menores, que requieren de alojamiento y de un soporte para iniciar un proceso de inserción.

Estos factores se han agravado por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid y el contexto inflacionario que se ha producido con posterioridad.

Todos estos motivos han provocado que se produjera una lista de espera para poder dar respuesta a las familias que han iniciado un proceso de inserción en los Centros Municipales de Servicios Social y Oficina Antidesahucio, «que serán desahuciadas y que no tienen ni recursos familiares ni económicos para poder acceder a otra vivienda», recoge el informe de los servicios sociales.