La izquierda exige ahora la protección del suelo rústico tras aprobar en ocho años 2.900 chalets en Mallorca

La izquierda exige ahora la protección del suelo rústico tras aprobar en ocho años la construcción de 2.900 chalets en el campo de Mallorca. Fue entre 2015 y 2023. Ahora que está en la oposición, pide la máxima protección en el ámbito rural, como ya sucede en Menorca, donde no hay posibilidad legal de construir en el campo. La izquierda ha gobernado en el Consell de Mallorca durante las dos últimas legislaturas, un periodo en el que la proliferación de viviendas en zona rural ha sido una constante.

A las 1.118 viviendas edificadas entre 2015 y 2021, hay que añadir como mínimo 565 más que se levantaron entre 2021 y 2023, y 1.260 licencias adicionales que están aprobadas, pero que todavía no se han ejecutado, lo que hace un total de 2.943 nuevas edificaciones residenciales. Todo ello con la coalición de los socialistas de Francina Armengol, independentistas de Més y Podemos en el gobierno de la institución insular durante las dos últimas legislaturas.

Los mismos partidos que quieren ahora abanderar la campaña contra la masificación turística y el consumo del territorio en Baleares, dieron luz verde gobernando a lo que los portavoces de la entidad ecologista Terraferida han calificado de «avalancha de grandes chalets en el interior de Mallorca que amenaza con transformar la isla en una sola ciudad». «Un enorme suburbio», como ha descrito este colectivo, donde sólo «quedarían sin edificar algunos espacios naturales fragmentados y con una gran presión humana».

Terraferida ya pudo documentar este proceso de «masificación difusa» del período 2015-2021. Sin embargo, hace unos meses aparecieron dos nuevas fuentes de información que han permitido continuar ese trabajo y cubrir hasta 2023, coincidiendo con las dos legislaturas del gobierno de izquierdas en Mallorca.

La superficie ocupada por los chalets en los últimos ocho años duplica con creces la consumida por la industria fotovoltaica. El número de hectáreas empleadas en estas edificaciones entre 2015 y 2023 se eleva a un mínimo de 581, sin contar el espacio que ocuparán otros 1.260 proyectos que tienen licencia y todavía están pendientes de ejecución. «Unas cifras enormes y a mucha distancia de las centrales fotovoltaicas, que han consumido 251 hectáreas en el mismo periodo de estudio», apuntan.

Por ello, desde este colectivo consideran «muy preocupante este proceso urbanizador, no solo por su dimensión, también por su multitud de consecuencias». Entre otras cuestiones, porque lleva asociada una pérdida constante de explotaciones agrarias, una mayor dependencia exterior de alimentos y materiales y un empobrecimiento del paisaje y la biodiversidad.

También supone un aumento de la capacidad de población que ni siquiera se contempla en los planeamientos municipales ni en el Plan Territorial, mientras dispara el consumo de agua (todas las nuevas edificaciones en el campo tienen piscinas y jardines) y multiplica las necesidades de movilidad en coche privado y los viajes en avión, debido a que las nuevas residencias van destinadas mayoritariamente a turismo residencial y al alquiler turístico. «Ni que decir tiene que toda esta nueva edificación requiere de cada vez más infraestructuras que, a su vez, suponen más ocupación y destrucción del territorio», explican desde Terraferida.

Es especialmente significativo que el 42% de las licencias concedidas corresponden a agrupaciones de parcelas que por separado no tienen la superficie mínima para edificar (14.000 metros cuadrados en la mayor parte del suelo rústico). También han calculado que con el nuevo decreto autonómico (DL 3/2024) se podrían edificar otras 1.300 viviendas dentro de zonas inundables o con riesgo de incendios, por lo que todavía quedarían más de 20.000 parcelas que podrían ser edificables en zonas rurales.

Ante este panorama, según el colectivo Terraferida, «sólo queda un camino para evitar la conversión de Mallorca en una gran ciudad caótica y empobrecida: la prohibición total e inmediata de edificar residencias en el suelo rústico, como hizo Menorca en 2003».

Para Terraferida, la excepción mallorquina e ibicenca a esta norma las aboga a «un proceso de degradación acelerado y de consecuencias históricas e irreparables con la complicidad absoluta de todo el arco parlamentario que, en la pasada legislatura, acordó unánimemente mantener la parcela mínima edificable en 14.000 metros que, en la práctica, supone la construcción de un chalet con su corolario de piscinas, pistas y jardines, cada cien metros lineales», concluyen.