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Hablamos Español califica como «disparate» que el Consell de Mallorca exija catalán para ser bombero

La entidad considera que estas plazas tendrían que estar exentas de este requisito lingüístico

En el País Vasco son múltiples las sentencias que eximen a los policías de la titulación de euskera

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La presidenta de la asociación Hablamos Español, Gloria Lago, ha calificado como un «disparate» que el Consell de Mallorca gobernado en coalición por el Partido Popular y Vox exija un nivel de dominio hablado y escrito de catalán B2 para ser bombero.

Para Lago, es lógico que en el ámbito administrativo los ciudadanos tengan que poder ser atendidos en las dos lenguas oficiales de una comunidad autónoma, pero considera que sanitarios, integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos y demás «tienen que estar exentos de este requisito».

La primera portavoz de esta asociación, que defiende una política lingüística basada en la libre elección de lengua y que tenga como eje los derechos de las personas y una administración pública en las dos lenguas, cree que el nivel B2 exigido por la institución insular es, en principio, «excesivo» porque se trata de un nivel de sobresaliente para alumnos que hayan acabado el Bachillerato.

En este sentido, Lago recuerda que la entidad que representa ha ganado diferentes batallas judiciales en los tribunales del País Vasco por el elevado  nivel de conocimiento del euskera exigido a los policías y «por eso es importante que las personas conozcan sus derechos para poder reclamarlos».

Desde 2020, diferentes juzgados y tribunales han emitido sentencias anulando cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskera en las convocatorias públicas, al considerar que este requisito es «discriminatorio y vulnera el derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española».

Todo ello, en línea con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de que la administración ha de buscar la vía para garantizar la posibilidad de que los ciudadanos puedan relacionarse con ella en euskera, sin que ello suponga una discriminación en su derecho a acceder al empleo público para los ciudadanos que no conocen ese idioma.

Es decir, que el conocimiento del euskera es «un derecho», pero «no una obligación», algo que en Baleares en el caso del catalán rechaza de forma visceral el PSOE y sus socios independentistas de Més y Podemos. En esta oposición a bomberos del Consell, la prueba de catalán de nivel B2 tuvo efectos nefastos para 7 de los 11 aspirantes que fueron suspendidos, dado que la calificación de no apto comportaba la exclusión del proceso.

En Baleares el catalán sigue siendo requisito para el acceso a un empleo público tras ocho años de gobierno de izquierdas e independentistas, pero también, un año después del pacto de PP y Vox en el Consell de Mallorca .

Porque más allá del nivel de catalán requerido en esta oposición, sólo el hecho de exigirlo como requisito incumple el acuerdo de gobernabilidad firmado en junio de 2023 por el actual Ejecutivo insular de coalición.

En concreto, el punto 111 de ese pacto recoge el compromiso de ambos partidos de modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. En la práctica nada se ha hecho un año después del cambio de gobierno.

A ello hay que sumar el hecho de que ambas formaciones se comprometieron también a modificar el actual Reglamento de Usos Lingüísticos con el fin de «garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales». Tampoco, a fecha de hoy, se ha cumplido.

De hecho, para las bases de esta convocatoria, el actual gobierno insular ha tomado como referente lo acordado por el anterior Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos liderado por Francina Armengol, que impuso el requisito del catalán en el acceso a cualquier plaza de empleado público en toda Baleares.

En concreto, se acoge al artículo 3 b) del Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para desempeñar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad de las Islas Baleares que el nuevo gobierno insular mantiene vigente.