La Guardia Civil echa a los seis okupas de una casa del pueblo mallorquín de Marga Prohens
Antes de ser desalojados han amenazado a los propietarios y a la alcaldesa de Campos
La propiedad ha estado okupada dos años y el primer okupa alquilaba habitaciones al resto
La alcaldesa (PP) celebra que Campos consiga ser un pueblo "libre de okupación ilegal"
Tras meses de múltiples denuncias e incluso una orden del juzgado, la localidad de Campos ha logrado este martes echar a los seis inquilinos de una casa okupada en el municipio que resulta ser el pueblo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP).
Los propietarios de la casa han recuperado ya su vivienda después de que la Guardia Civil y la Policía Local de Campos desalojara este martes a las personas que la tenían okupada ilegalmente.
El desalojo no ha estado exento de tensión dado que los okupas han proferido todo tipo de amenazas tanto a los propietarios como a la propia alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), presente en el desalojo de los ilegales.
Las fuerzas policiales han echado de la casa a un total de seis personas. Cinco de ellas le pagaban un alquiler por habitaciones al primer asaltante de la vivienda.
Porquer ha publicado a través de sus redes sociales su agradecimiento a las fuerzas de seguridad «por contribuir a hacer de campos un pueblo libre de okupación ilegal y poder mantener la convivencia, seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos. Una publicación acompañada de las fotografías del desalojo que rápidamente se ha llenado de felicitaciones por parte de los vecinos de Campos.
Precisamente y en estos días, el Partido Popular exige a la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, que tramite de una vez la ley que permite desalojar a los okupas en 24 horas y que mantiene paralizada desde febrero de 2024.
La iniciativa impulsada por el PP en el Senado y ya aprobada en la Cámara Alta, busca agilizar los desalojos hasta en 24 horas, reforzar las sanciones penales y establecer medidas complementarias como la prohibición del empadronamiento en inmuebles okupados y beneficios fiscales para los propietarios afectados.
Pero no parece que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez sea desbloquear la denominada Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, si tenemos en cuenta que esta misma semana ha prorrogado la ley antidesahucio por séptimo año consecutivo.
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