El grueso de los contratos de la empresa informática municipal de Palma se dan a dedo

Las contrataciones menores son una constante de la dirección socialista en la empresa informática municipal, el denominado Instituto Municipal de Innovación (IMI). Así lo expresa el propio interventor municipal en el balance que realiza respecto a las cuentas de 2020 de este ente público del Ayuntamiento de Palma que serán aprobadas esta semana por el Consejo Rector de este organismo.

El principal fiscalizador municipal advierte del “uso excesivo de la contratación menor”, realizada por la dirección de la entidad que preside el concejal socialista de Hacienda,  Adrián García. 

Los números son bien elocuentes a este respecto: 3.694.639 euros en contratos menores, lo que representa “un 95,82% del importe total previsto”, remarca el alto funcionario municipal. Una práctica censurable ya que, como se recoge en este informe, va “en detrimento de los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos que informan la contratación pública”.

Una forma de proceder que no es nueva porque ya había sido advertida y expuesta por el interventor “en anteriores ocasiones”, como subraya en su balance. Por ello insta a la dirección socialista de este instituto municipal, a “realizar actuaciones de control con el fin de asegurar un uso eficiente de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y, en especial, la contratación de servicios”, apunta. 

Todo ello, con el fin de “salvaguardar la libre competencia y seleccionar la oferta económicamente más ventajosa”.

En este sentido, insta al concejal socialista, a “mejorar” la planificación anual de los contratos, dado que éstos responden a necesidades recurrentes, lo que permitirá una adecuada fiscalización desde la Intervención General del Ayuntamiento de Palma y del Servicio de Auditoría y Control Financiero. Con ello se evitaría el uso excesivo de la figura de la adjudicación directa de contratos menores  y el posible fraccionamiento del objeto del contrato, derivado de gastos recurrentes.

En la misma línea, el interventor subraya que, respecto de determinadas materias como subvenciones, contratación pública y de personal, sería del todo conveniente también la realización de actuaciones de control interno que vayan más allá de la función interventora. Sobre el particular propone “llevar a cabo actuaciones de control financiero” y de “auditoría pública de cuentas”. 

En relación a este extremo, el alto funcionario municipal señala que desde su departamento, “se ha advertido la falta de medios personales y materiales para la realización de esta modalidad de control interno”. 

No obstante, a lo largo del pasado 2020, el departamento de Intervención realizó las actuaciones necesarias para contar con un servicio de colaboración externa para el ejercicio de la actividad de auditoría pública sobre los cuentas de los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento. Una propuesta de la que lamenta, que no prosperase y no se llegase a llevar a cabo, pese a la insistencia sobre la necesidad de realizar este tipo de controles.