El Govern rechaza construir viviendas en los polígonos de Baleares como proponían los empresarios

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 23/05/2024 14:55
  • Actualizado: 18/09/2024 16:30

El Govern rechaza construir viviendas en los polígonos de Baleares como proponían los empresarios, tal y como ha avanzado este jueves el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, que ha asegurado que el Ejecutivo del PP no contempla esta opción.

«El borrador no contempla la posibilidad de convertir usos. No entramos en eso porque lo que estamos buscando es mejorar las propias industrias, mejorar las propias infraestructuras, incentivar y ayudar al tejido industrial, para que tenga el mejor hábitat para poder producir, crear, generar economía y potenciar la industria», ha explicado en declaraciones a los medios antes de presentar el anteproyecto a asociaciones empresariales y administraciones públicas.

La falta de vivienda asequible se ha convertido en un obstáculo para la contratación de trabajadores reacios a venir a trabajar a Baleares, por lo que desde la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima) se propuso al Govern la posibilidad de cambiar el uso de determinados solares para convertirlos en suelo residencial y así, poder construir viviendas en polígonos industriales.

Algo que, por cierto, ya sucedió en Palma hace más de medio siglo en el caso del Polígono de Son Castelló con la edificación del colindante barrio de Sa Indioteria. Pero no parece que el actual Govern tenga intención de aceptar esta iniciativa de las asociaciones empresariales, a tenor de las manifestaciones del conseller.

Sáenz de San Pedro y la directora general de Industria y Polígonos Industriales, Íngrid de la Fuente, han presentado el anteproyecto de la futura Ley de Áreas de Promoción Industrial a las principales asociaciones del sector, patronales y administraciones públicas.

El conseller ha destacado la importancia de los polígonos de Baleares haciendo hincapié en que el nuevo marco legal permitirá evolucionar hacia nuevos modelos de gestión que implicará la colaboración público-privada.

El objetivo es conseguir la modernización y correcta gestión de las áreas de promoción industrial del archipiélago para mejorar la calidad e incrementar su competitividad territorial y la de las empresas que desarrollan su actividad en estas áreas.

Impulsar el empleo

«Todo esto impulsará y favorecerá el empleo y el desarrollo industrial y empresarial, además de incentivar la competitividad de las empresas», ha subrayado.

El conseller ha recordado que uno de los ejes de la política de polígonos industriales del Govern es fomentar el asentamiento y la expansión de nuevas empresas donde se concentran las actividades industriales, comerciales o de servicios mediante la promoción y la modernización de estas áreas.

La directora general, Íngrid de la Fuente, ha destacado que la ley marcará las líneas del juego. Baleares cuenta 53 polígonos con un total de 6.163 empresas, que dan trabajo a 53.830 personas y con una facturación de cerca de 9.100 millones de euros.

La mayoría de los polígonos se encuentran en Mallorca, con un total de 39, con una facturación de cerca de 9.100 millones de euros y más de 45.500 empleados. En segundo lugar se encuentra Menorca con más de 6.000 trabajadores y más de 950 millones de euros de facturación y los cinco de Ibiza con más de 2.100 empleados y más de 440 millones de euros. Por último se encuentra el polígono de Formentera con 25 trabajadores y tres millones de euros.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de patronales, las cámaras de comercio e industria, asociaciones sectoriales, colegios profesionales y administraciones públicas.

También ha participado el gerente de servicios de promoción económica de la Diputación de Barcelona, Roger Pumares, que ha explicado y analizado el modelo de polígono industrial impulsado en Cataluña, y el éxito que ha supuesto la colaboración público-privada.