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El gobierno de PP y Vox en Calvià rechaza el centro de menas que ambos partidos han aprobado en el Consell

Por ahora son dos los menores alojados en las dependencias gestionadas por el IMAS con capacidad de hasta 16 plazas

La dirección municipal de ambos partidos, a favor de una política migratoria coherente con los intereses de los vecinos de Calvià

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El equipo de gobierno de PP y Vox en Calvià (Mallorca) rechaza el centro de menas que ambos partidos, que gobiernan también en coalición en el Consell de Mallorca, han aprobado.

En un comunicado, el grupo municipal de Vox ha rechazado el centro de menores inmigrantes no acompañados (menas) de Calvià, habilitado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), con capacidad de entre 12 y 16 plazas, y ha exigido para ellos «billete de vuelta». Por ahora son dos los menores alojados en las dependencias gestionadas por el IMAS.

Vox celebra el posicionamiento del PP, socio de gobierno municipal, al cambiar su postura respecto a la apertura del centro y la acogida de los primeros inmigrantes que la institución insular quiere desplazar al municipio.

El portavoz de Vox en Calvià, Manuel Mas, ha recordado que pese a ciertas discrepancias en el pasado, Vox siempre ha rechazado la apertura de este centro y ha defendido una política migratoria «responsable y coherente con los intereses de los vecinos de Calvià».

«Se nos tildó de extremistas, e incluso el PSOE pidió la dimisión de nuestra regidora Juana María Prats como presidenta del Consejo de la Infancia, por defender esta posición en octubre, pero ahora los menas ya están aquí y celebramos que el PP también se posicione en contra de esta causa», ha afirmado. Más ha insistido en que los menores «tienen que estar con sus padres, no vagando solos por los barrios».

En relación a la crisis migratoria que padecen comunidades como Baleares o Canarias, en una rueda de prensa organizada por la Universidad de las Islas  Baleares (UIB), el director insular de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Txema Santana Suárez, ha asegurado en Palma que debería de fomentarse que los menas «pudieran reagruparse con familiares que están en otras partes del territorio, siempre que ambas partes quisieran».

«A veces, los jóvenes que llegan a territorios transfronterizos no tienen referentes adultos o los tienen en otras zonas del territorio», ha afirmado Santana.

Para este alto cargo del Gobierno canario «no es positivo que la zonas fronterizas, y más en el caso de Canarias, que es una ruta abierta, con llegadas continúas, y en el caso de Baleares, que no tanto pero, bueno, también, deban albergar solas este asunto», y «no por tema de capacidad, si no de responsabilidad compartida y de justicia con los menores».

«Y no digo que debería ser una responsabilidad comunitaria porque es utópico pero, lo que es, es que debería ser comunitaria, porque quienes emigran no quieren venir a Calvià, a Pollença, o Manacor, como tampoco quieren ir a Arguineguín o a Corralejo, están viniendo a la Unión Europea», ha incidido.

Y, por este motivo, y para «no generar vacíos legales que pueden ser muy peligrosos, ya que las personas que se lucran con la desesperación de otros existen», ha solicitado que se impulsen «vías legales y seguras» de migración», al tiempo que ha pedido «que si las migraciones son una cuestión estructural», los gobiernos avancen en las normativas sobre esta cuestión, porque adaptar la movilidad «es un reto generacional».

«A los políticos en general les pido responsabilidad y a aquellos que ya la tienen, propuestas, porque hablar de poner a la armada para controlar las fronteras no son soluciones sino votos», ha añadido, lamentando que «parece que queremos la movilidad de sur a norte enriquecida, pero no queremos que los que están desesperados lleguen en patera», asumiendo incluso que, en ocasiones, lleguen a estar «años sin derechos».

En resumen, «da la impresión de que a la Unión Europea le conviene tener una bolsa de trabajadores sin derechos sobre cuyos hombros se sostiene parte de su economía», ha censurado Santana Suárez, denunciando que en ello «hay un punto de hipocresía».