El Gobierno compra por 3,6 millones dos parcelas de Son Pardo para la Ciudad de la Justicia de Palma

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha completado la adquisición de los terrenos en los que se edificará la futura Ciudad de la Justicia de Palma. Se trata de dos parcelas de la zona de Son Pardo que el Gobierno ha adquirido por 3,6 millones de euros.

Según ha informado el ministerio a través de un comunicado, la nueva Ciudad de la Justicia tendrá una superficie construida de 40.000 metros cuadrados y acogerá las secciones de lo civil, lo social, de menores, mercantil y contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, la Fiscalía de la Islas Baleares, el Instituto de Medicina Legal y el Registro Civil.  De esta forma, explican desde el Gobierno, se resolverá la dispersión actual de las sedes judiciales y la falta de espacio.

Tras la compraventa de los terrenos, el ministerio iniciará de forma inmediata la tramitación de los procedimientos necesarios para hacer realidad la nueva sede. El primer paso será licitar y adjudicar la redacción del proyecto de desarrollo urbanístico, un proceso con una duración de unos 6 meses.

Una vez redactado el proyecto, el Ayuntamiento de Palma tendrá que aprobar los instrumentos urbanísticos que se incluyan en él. A partir de entonces ya se podrá licitar y adjudicar la obra para que comience la construcción del nuevo inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) denunció el pasado mes de mayo en su memoria anual los retrasos del Gobierno para construir la prometidas Ciudad de la Justicia en Palma, un proyecto anunciado en 2022 y que desde entonces ha visto pocos avances: ni se ha convocado el concurso de ideas previsto para la segunda mitad de 2023 y hasta ahora no se han adquirido los terrenos que eran propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La memoria del TSJIB insiste en que la falta de espacios está condicionando la creación de nuevas plazas judiciales, como es el caso del juzgado contencioso-administrativo número 4, formalmente creado pero sin puesta en marcha efectiva y sin «perspectiva de que pueda ser una realidad a corto plazo».

El presidente del TSJB, Carlos Gómez, insiste en la necesidad de que la Audiencia Provincial cuente con un espacio propio -ya que actualmente lo comparte con el TSJB- que disponga de «salas adecuadas» para juicios con un elevado número de acusados. La memoria también recoge la idoneidad de crear una nueva sección civil en la Audiencia.

El documento alerta, asimismo, de las carencias de personal por el goteo de bajas por enfermedad y los efectos de la insularidad. Entre magistrados, «en algún supuesto ha resultado difícil encontrar personas dispuestas a su ejercicio entre los nombrados, habiéndose producido renuncias posiblemente por no soportar la carga de trabajo».