Fraude masivo en Palma: a juicio un empresario acusado de apropiarse de 400.000 euros de su socio

Palma se prepara para vivir un juicio que promete sacudir el mundo empresarial de la isla. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebrará el próximo miércoles, a partir de las 09.30 horas, la vista previa contra un empresario acusado de apropiarse de 400.000 euros de su socio en la inmobiliaria que ambos fundaron en 2012. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión, una multa de 7.200 euros y una indemnización mínima de 65.000 euros.

Según el escrito de acusación, el acusado fue designado administrador único de la sociedad desde su constitución. Un año después, en 2013, firmaron un contrato de préstamo por 400.000 euros, destinados a cubrir gastos de la empresa: la compra de un vehículo, equipamiento informático, el alquiler del local y otros costes corrientes. Sin embargo, según la Fiscalía, el administrador utilizó gran parte del dinero para fines personales.

De los 400.000 euros aportados por su socio, 133.000 se destinaron al pago del alquiler, 19.000 a un coche de empresa y cantidades no precisadas a salarios, incluido el suyo propio. A pesar de contar con recursos para mantener la actividad de la inmobiliaria, la empresa acabó en concurso y cerró por insuficiencia de masa, dejando a varios proveedores sin cobrar.

El acusado no se detuvo allí. Tras rescindir unilateralmente el contrato de alquiler, trasladó el equipo informático a su residencia y continuó operando el negocio bajo otro nombre, con la ayuda de algunos empleados. Incluso llegó a vender el coche de empresa, aunque no se ha podido determinar por cuánto. Su fuga motivó que el procedimiento judicial se suspendiera y en octubre de 2016 se dictara una orden de busca y captura en su contra.

El caso ha despertado gran interés mediático por la audacia de la supuesta estafa y la manera en que el acusado presuntamente manejó los fondos de su socio, burlando controles y continuando la actividad empresarial en secreto. La Fiscalía destaca que el acusado actuó “con pleno conocimiento del dinero que debía”, constituyendo un supuesto delito de alzamiento de bienes que ha dejado un rastro de deudas y conflictos legales que aún resuenan en el ámbito empresarial de Palma.

Expertos legales consultados por OKBALEARES señalan que casos como este «son un claro ejemplo de cómo la figura del administrador único, si se gestiona sin transparencia, puede generar graves perjuicios a socios e inversores». Además, la indemnización solicitada por la Fiscalía evidencia el impacto económico que la actuación del acusado habría tenido sobre la víctima, mientras que la pena de prisión refleja la gravedad del supuesto delito.

El juicio que arranca el miércoles será clave no solo para determinar la responsabilidad del acusado, sino también para marcar un precedente en la lucha contra el fraude empresarial en Mallorca. Los detalles de la vista previa se esperan con atención, y se anticipa que el desarrollo del juicio pondrá al descubierto cómo operaban los negocios en la isla y la manera en que algunos empresarios podrían manipular recursos ajenos para beneficio propio.

Mientras tanto, el socio afectado espera que la justicia actúe con contundencia y que la indemnización solicitada sirva como reparación parcial de un daño que ha quedado marcado por la traición, el dinero perdido y la polémica sobre la administración de empresas en Mallorca.