Una ex concejal de Podemos en Palma, condenada a 9 años de inhabilitación por revocar licencias

Aurora Jhardi, ex concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por revocar licencias, según ha sentenciado la Audiencia Provincial de Baleares. La que fuera regidora de Función Pública y Gobierno Interior de la formación morada entre 2015 y 2019 ha sido condenada por un delito de prevaricación administrativa al retirar sin justificación las licencias para la publicidad dinámica, coloquialmente llamados tiqueteros, a los locales del Grupo Cursach.

Tras conocerse la sentencia, el alcalde de Palma, el socialista José Hila ha defendido la labor de su compañera de equipo en el anterior gobierno municipal y ha asegurado que Jhardi «afrontó un problema histórico» en Playa de Palma con los conocidos tiqueteros, algo que generaba «muchas quejas ciudadanas, de los empresarios turísticos y que no había manera de solucionar».

«Si ahora un juez considera que no lo hizo correctamente, yo siempre respeto las sentencia, pero se afrontó un problema histórico de Playa de Palma», abundó Hila, quien aseguró que se trataba de una cuestión que «daba muy mala imagen como destino turístico».

Pero parece ser, según la sentencia, que Jhardi cometió, más que un fallo, una cadena de irregularidades, que empezaron con el decreto rubricado en marzo de 2017 «a sabiendas de que carecía de justificación legal para ello y que perjudicaba a determinados locales» todos ellos regentados por el mayor grupo de ocio de la noche palmesana, por lo que la revocación de la licencia se realizó «sin respeto al procedimiento administrativo».

En concreto, dicha licencia fue presentada por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y similares, que era la concesionaria de la licencia sectorial y que funcionaba como intermediaria.

Con el objetivo de revocarla, Jhardi remitió un correo electrónico a tres funcionarios del área, para que dos de ellos redactaran en su nombre un escrito que debía ser entregado a la citada entidad, y dio órdenes verbales para que tampoco se tramitaran las licencias individuales que se solicitasen posteriormente.

Por todo ello, la exconcejala de Podemos ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, aunque puede recurrir todavía la sentencia.

Cabe recordar que el 24 de marzo la Audiencia celebró el juicio contra la exregidora, que defendió haber decretado la revocación de las licencias de publicidad dinámica del Grupo Cursach «por reiterados incumplimientos durante la temporada turística».

En este sentido, reconoció que envió el correo electrónico a los funcionarios para tal fin, «por motivos obvios que ya se habían tratado en otras ocasiones».

En la sesión declararon también, en calidad de testigos, los funcionarios del área, que reconocieron «no estar de acuerdo» con el decreto y así se lo trasladaron «en varias ocasiones» a la concejala.

Para el alcalde Hila, sin embargo, su equipo de gobierno llegó la pasada legislatura al Consistorio con la intención de ser «un gobierno de cambio», lo que suponía «cambiar muchas prácticas que había en esta ciudad».