Críticas a la pírrica indemnización por residencia aprobada por Sánchez para los funcionarios destinados a Mallorca

Críticas a la pírrica indemnización por residencia aprobada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez para los funcionarios destinados a Mallorca. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha denunciado que las cuantías publicadas no cumplen el objetivo de homogeneización acordado por el Consejo de Ministros y siguen sin compensar el elevado coste de vida en el archipiélago, especialmente en Mallorca.

De hecho, en esta isla, en función del grupo, la cuantía de esta compensación mensual apenas es un tercio de la que percibirán los empleados públicos estatales destinados al resto de islas de Baleares.

Dependiendo del grupo al que pertenezca el funcionario en cuestión, en Mallorca, si pertenece al subgrupo A1, percibirá 214 euros más al mes, frente a los 697 del resto de Baleares, y si es del A2, la cuantía en Mallorca es de 175 euros frente a los 502 del resto de Baleares, y la distancia se mantiene en el resto de subgrupos.

La asociación profesional de Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha valorado positivamente «cualquier incremento de la indemnización por residencia» destinado a compensar el mayor coste de vida que soportan los empleados públicos destinados en las Islas Baleares.

Sin embargo, la entidad critica que «las cuantías aprobadas resultan claramente insuficientes y distan mucho de responder a la realidad económica del archipiélago».

Para Daniel Fernández, presidente de IGC, «las cantidades aprobadas siguen siendo claramente insuficientes para hacer frente a la carestía de la vida en el archipiélago balear. El incremento del precio de la vivienda, de los alquileres y del coste de los bienes y servicios hace que estas cuantías estén muy lejos de compensar el esfuerzo económico que supone prestar servicio en las islas».

Fernández ha añadido que «el Gobierno ha perdido una oportunidad para dar cumplimiento al compromiso de homogeneización anunciado y establecer una indemnización que responda realmente a la realidad socioeconómica de Baleares. Con estas cuantías se mantiene una situación que dificulta la cobertura de vacantes y la permanencia de los guardias civiles y del resto de empleados públicos destinados en el archipiélago, especialmente en Mallorca.»

Además, desde IGC consideran que esta actualización «queda muy por debajo» de la homogeneización inicialmente acordada» para el personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo objetivo era unificar la indemnización por residencia entre los distintos grupos de personal funcionario y laboral mediante una cuantía única.

El Real Decreto-ley, por tanto, «no resuelve la situación de desigualdad existente» entre empleados públicos que prestan servicio en un mismo territorio insular, ni garantiza una compensación adecuada por los sobrecostes derivados de la insularidad. Especialmente preocupante es el caso de Mallorca, donde la indemnización continúa siendo claramente insuficiente frente al incremento del precio de la vivienda, el alquiler y el coste general de la vida.

Desde IGC recuerdan que «la finalidad de la indemnización por residencia es compensar las especiales dificultades económicas que supone prestar «servicio en territorios insulares».

Sin embargo, las cuantías ahora aprobadas «continúan lejos de cumplir ese objetivo, lo que repercute negativamente en la capacidad para atraer y mantener efectivos en Baleares y afecta directamente a la prestación de los servicios públicos».

Por todo ello, IGC insta al Gobierno a «revisar las cuantías aprobadas» para que se ajusten al compromiso de homogeneización anunciado y reflejen el coste real de residir en las Islas Baleares. «Solo así podrá garantizarse una compensación justa» que elimine las desigualdades existentes y favorezca la estabilidad de las plantillas destinadas en el archipiélago.

Como concluye Daniel Fernández, «desde IGC seguiremos reclamando una indemnización por residencia justa, suficiente y adaptada al coste real de vivir en Baleares. No hablamos de un privilegio, sino de una compensación necesaria para evitar que los funcionarios destinados en las islas continúen perdiendo poder adquisitivo y para garantizar que los servicios públicos puedan prestarse con plantillas estables y suficientes.»