Corrupción en Baleares: el consejero de Podemos Yllanes y el socialista Negueruela frenaron los expedientes
Son los dos consejeros del Govern de Armengol que han actuado para evitar fuertes sanciones a empresas afines
Los dos protagonistas en la supuesta trama de corrupción en el Govern balear del pacto de izquierdas que preside la socialistas Francina Armengol son el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, de Unidas Podemos, y el conseller socialista Iago Negueruela. Son los dos miembros del Ejecutivo autonómico que han intervenido en la operación para beneficiar a determinadas empresas afines al tripartito que gobierna en las Islas falsificando un documento con la finalidad de frenar una investigación judicial.
Todo empezó en noviembre de 2018 cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que dirigía entonces Iago Negueruela, la denuncia presentada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma en la reparación, pintado y mantenimiento de yates.
La denuncia era porque las empresas en cuestión incumplían la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente sin que la Conselleria con competencias en Industrial, la de Iago Negueruela, tomara carta en el asunto.
Se presentaron más denuncias pero inicialmente no hubo expedientes ni sanciones. No fue hasta junio de 2019 cuando el Govern se vio obligado a iniciar un l expediente sancionador a las empresas denunciadas. Tras las elecciones de mayo de 2019 surge el nuevo pacto de izquierdas, otra vez presidido por Armengol, y ahora el nuevo conseller con competencias en Industria es el juez de Podemos Juan Pedro Yllanes.
El Grupo Fabkina detecta entonces que las sanciones no se habían tramitado dado que la Conselleria que presidía Iago Negueruela había paralizado los expedientes. Es entonces cuando el Grupo Fabkina presenta la querella contra el Govern, que se admite a trámite y el 9 de septiembre. Este día el juzgado solicita a la Conselleria de Juan Pedro Yllanes todo el expediente sancionador.
Al día siguiente, la Conselleria de Yllanes emite la resolución por la que se dejaba sin efecto la apertura de los expedientes. Al no haber expedientes, ya no hay causa judicial y el asunto queda archivado hasta que la Audiencia de Baleares ha ordenado la reapertura del caso.
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