El Consell rechaza el «señalamiento» separatista a los comercios de Mallorca que no rotulan en catalán
La moción de Vox a favor del derecho a usar el español fue respaldada por el PP: la izquierda votó en contra
El pleno insular defiende el compromiso del Consell con la libertad lingüística en todos los ámbitos sociales
El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado esta mañana la moción presentada por Vox en defensa de la libertad lingüística, y contra los actos de señalamiento perpetrados por el separatismo catalanista en la Isla.
La propuesta, que contó con el respaldo del PP tras las negociaciones llevadas a cabo entre ambos partidos, reafirma el derecho de todos los ciudadanos a utilizar el español y exige al Gobierno de España garantizar la libertad lingüística en todo el territorio nacional.
El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, ha celebrado la aprobación de esta moción y ha destacado el éxito de las negociaciones con el PP en los puntos clave de la propuesta.
«Hoy el Consell de Mallorca ha dado un paso firme en la defensa de los derechos lingüísticos de todos los mallorquines, esperando y deseando que su cumplimiento signifique el fin a la impunidad del separatismo radical que busca imponer el catalán por la fuerza y coaccionar a quienes optan por el español en su vida diaria», ha afirmado Gil.
Estos actos, promovidos por un grupúsculo separatista, autodenominado, Nosaltres Sols!, han consistido en la colocación el pasado mes de enero de adhesivos en los escaparates de comercios con el mensaje «este local no respeta el catalán», con el objetivo de señalar y coaccionar a los propietarios que utilizan el español en sus negocios.
La organización, nacida en el año 2019 para luchar por la «liberación de la nación catalana», colocó estas pegatinas en los escaparates de tiendas de Inca y Lloseta con la frase «este local no respeta el catalán».
El grupo separatista reivindicó la autoría de los hechos a través de sus redes sociales. La entidad argumentaba su derecho a «no ser ciudadanos de segunda» y reclamaba el reconocimiento del catalán como lengua plena en Baleares.
Estas prácticas, lejos de ser incidentes aislados, forman parte de un patrón de conducta sistemática y prolongada en el tiempo que emana del entorno del independentismo, extendiéndose no solo al ámbito comercial, sino también a otros sectores fundamentales como el de los profesionales de la sanidad y la administración pública.
En el marco de la negociación con el PP, Vox ha conseguido incluir en los acuerdos definitivos el compromiso del Consell con la libertad lingüística en todos los ámbitos de la sociedad balear, y la condena de cualquier acto de discriminación o coacción por razones lingüísticas.
«Hemos trabajado para que el texto final deje claro que el español es una lengua oficial que debe ser respetada y protegida sin restricciones frente a cualquier intento de marginación o persecución ideológica», ha explicado el portavoz adjunto.
Asimismo, la moción aprobada exige al Gobierno de España reforzar los mecanismos legales para proteger a las personas y sectores profesionales afectados por la imposición lingüística. En este sentido, Gil ha señalado que «no vamos a permitir que el personal sanitario, comerciantes y funcionarios sean discriminados por no hablar catalán. España es un país libre y en Mallorca no vamos a aceptar más imposiciones del separatismo».
Desde Vox, han instado a las autoridades competentes a sancionar con la máxima contundencia los actos de hostigamiento lingüístico denunciados en municipios como Inca y Lloseta, donde un grupo radical colocó cartelería señalando comercios por utilizar el español. «Estos ataques recuerdan a los métodos totalitarios de otras épocas y deben ser perseguidos con todo el peso de la ley”, ha advertido Gil.
Desde hace años, como apuntan desde Vox, se vienen denunciando prácticas similares en otros sectores de la sociedad balear. Profesionales de la sanidad, por ejemplo, han sido objeto depresión por no utilizar el catalán en su desempeño laboral, enfrentándose en ocasiones a campañas de desprestigio o incluso a restricciones laborales Injustificadas. Estas acciones, promovidas bajo la bandera de imposición del catalán, no sólo vulneran la libertad lingüística, sino que también afectan al derecho de los ciudadanos a recibir un servicio adecuado y sin discriminaciones.
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