Calvià, séptimo en el ranking de los 100 principales destinos turísticos elaborado por Exceltur

El municipio mallorquín de Calvià es el séptimo de España en relevancia turística y contribución social al turismo. Así se desprende del primer Atlas municipal de la contribución social al turismo en España, publicado recientemente por Exceltur, la alianza para la excelencia turística.

El informe, en el que Madrid, Barcelona y Benidorm ocupan las tres primeras posiciones en el ranking, es un estudio realizado con datos de 2022 entre los 500 municipios españoles con mayor número de plazas de alojamiento turístico y mide el volumen y la capacidad de la diversidad de oferta en alojamientos turísticos que tiene cada municipio, la relevancia del turismo en la dinámica económica y social y el volumen de empleos relacionados de forma directa con el este sector.

Calvià, que forma parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) junto a otros destinos que también encabezan esta lista, cuenta con unas 60.000 plazas hoteleras, muchas de ellas renovadas recientemente y diversificadas según los diferentes tipos de viajeros que pernoctan: grandes cadenas y resorts, alojamientos de lujo, hoteles especialmente equipados para deportistas y opciones más económicas y familiares.

Entre ellos, destacan el nuevo refugio de montaña de la finca pública Galatzó, el parque de atracciones Katmandú, que se ubica dentro de un hotel, o la nueva línea hotelera ZEL, que la cadena Meliá y el tenista Rafa Nadal van a inaugurar en Palmanova.

Muchas de las conclusiones destacadas en el estudio de Exceltur son apuestas por las que Calvià viene trabajando desde hace tiempo, explica el consistorio en un comunicado, como la importancia de hacer uso de las nuevas tecnologías para un mejor aprovechamiento de los recursos, la necesidad de estrategias continuadas en el tiempo o inversiones que favorezcan la movilidad y la renovación de la oferta.

De hecho, Calvià también reclama desde la AMT, de la que actualmente ocupa la vicepresidencia, un nuevo ordenamiento jurídico para los considerados «municipios turísticos» con una financiación para cubrir los distintos servicios públicos acorde a la población flotante que alojan en los meses de mayor actividad. En la actualidad, ese presupuesto se transfiere en función de la población empadronada, que se multiplica durante varios meses cada año.