Baleares: la Audiencia ordena investigar otro caso de corrupción en la Consejería del ex juez podemita Yllanes

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 25/05/2023 13:50
  • Actualizado: 25/05/2023 13:50

La Audiencia de Baleares ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 10 de Palma que investigue una nueva pieza del caso de corrupción que afecta a  la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos que preside el ex juez de Podemos,  y vicepresidente del Govern de Armengol, Juan Pedro Yllanes. Los magistrados de la Audiencia, Jaime Tartalo, Rocío Martín y Gloria Martín han dictado una resolución por la que ordenan abrir una investigación sobre la manipulación de un documento público.

Todo ello se inscribe en el caso Varadero desvelado por OKDIARIO donde se investiga la falsificación de un documento público por parte de la Conselleria de Yllanes con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas en detrimento de otras.

El Juzgado de Instrucción número 1 ya investiga una primera pieza sobre el caso relativa a la modificación ilegal de las fechas de un documento. Con esta modificación se consiguió que una serie de empresas del sector náutico se libraran de una fuerte sanción y de una investigación judicial. En esta pieza ya hay dos cargos de la Conselleria de Yllanes imputados: el director general de Industria y número 2 de Yllanes en su Conselleria, Antonio Morro, y la jefa de área de los Servicios Jurídicos, Teresa Relea.

La nueva pieza del caso se refiere a la querella criminal presentada en el Juzgado de Instrucción número 10 que versa sobre la manipulación del CVS (Código de Verificación Seguro) del documento antes mencionado. Cualquier copia impresa en papel de documentos originales electrónicos tiene la consideración de autentificada si incluye el CVS.

Lo que hizo el Govern de la presidenta socialista del Baleares, Francina Armengol, fue destruir de su servidor web la resolución original de septiembre de 2020 de la Conselleria que preside Yllanes cuyo peritaje concluyó que la fecha de la firma de ese documento había sido falsificada.

Fue una burda maniobra ejecutada a la desesperada por el Ejecutivo de Armengol tras estallar el escándalo del caso Varadero y llegar éste al Parlament balear, donde PP y Vox han puesto contra las cuerdas al Gobierno autonómico por la falsificación documental cometida desde la Conselleria de Yllanes.

El caso Varadero cuenta así con dos piezas separadas: la falsificación de un documento público que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 y la manipulación del CVS del documento anterior que debe investigar el Juzgado de Instrucción número 10 por orden de la Audiencia de Baleares.

¿Qué es el caso Varadero?

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso.

Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente. El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.