La Audiencia Provincial juzgará a Gabriel Le Senne por delito de odio si no prospera su recurso de defensa
El auto del juez instructor entiende como competente como órgano enjuiciador a la Audiencia Provincial de Baleares y no al Juzgado de lo Penal
Tanto Le Senne como la Fiscalía consideran que no ha quedado suficientemente acreditado que se cometiera un delito de odio
La Audiencia Provincial de Palma será la encargada de juzgar por un delito de odio al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, si finalmente se rechazan sus recursos de defensa y de la Fiscalía, que piden el archivo de la causa al considerar que el episodio de la fotografía de la comunista Aurora Picornell fue «una reacción espontánea» al «desafío» de la diputada socialista Mercedes Garrido, sobre el ordenador de la cual estaba la imagen.
El auto del juez instructor Juan Manuel Sobrino entiende como competente como órgano enjuiciador a la Audiencia Provincial de Baleares y no al Juzgado de lo Penal.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, también recoge los argumentos del fiscal delegado de delitos de odio, José Díaz Cappa, y que dice que la competencia para el posible enjuiciamiento del caso correspondería a la Audiencia y no a un juzgado de lo penal por la duración de la pena de inhabilitación prevista en el delito de odio.
Todavía está pendiente de resolver el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares. En un escueto comunicado, Le Senne reaccionó a la apertura de juicio oral contra él por un delito de odio al haber rasgado durante una sesión plenaria la foto de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria de Mallorca, recordando que sigue amparado por la presunción de inocencia y que no cometió ningún delito.
El presidente de la Cámara balear manifestó su «voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda de que no cometió ningún delito» y reiteró que «aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie».
Por su parte, el fiscal José Díez, que también pide el archivo de la causa, considera que no han quedado suficientemente acreditados los elementos del delito de odio.
El fiscal considera que es «absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación» de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y «manifiestamente criticable la acción del investigado», pero, a su juicio, no consta debidamente acreditado que la reacción «inusitada y fuera de lugar» de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía mostrando a las personas ya mencionadas, por parte del investigado respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.
Los hechos sucedieron en el pleno del 18 de junio del año pasado en el que se estaba debatiendo la toma en consideración de la derogación, que proponía Vox, de la Ley de Memoria Democrática. En aquel momento, Le Senne acabó arrancando la fotografía que Garrido lucía en su ordenador, tras varios intentos para que fueran retiradas. Garrido y Costa acabaron expulsadas.
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