Entregan 34.000 firmas para exigir el despido de la profesora que llama «trapo» a la bandera española

El director de Campañas de HazteOir.org, Miguel Tomás, y el presidente de Valores en Baleares, Juan José Tenorio, han entregado este lunes a primera hora en el colegio La Salle las 34.000 firmas recogidas por medio de la plataforma citizengo para pedir el despido de la profesora de catalán «que expulsó a unos alumnos por poner la bandera de España». La profesora de catalán, Margalida Cunill, que llama «trapo» a la bandera de España, forzó la expulsión de los 30 alumnos.

Miguel Tomás ha defendido, a través de un comunicado, la actuación de los estudiantes del centro de Palma: «Castigar a unos alumnos por colocar la bandera de España en un colegio español, es algo inadmisible. Por esta razón vamos a hacer entrega en el Colegio La Salle de las 34.000 firmas que hemos recogido. 34.000 personas que solicitan el cese de la profesora de catalán, por su grave ofensa a todos los españoles».

Ambas organizaciones, al entregar las 34.000 firmas, han asegurado que quieren llevar la polémica al Parlament: «Vamos a registrar una petición a todos los grupos parlamentarios en la que les solicitamos que presenten una declaración institucional contra la discriminación ideológica y a favor de preservar el respeto hacia los símbolos nacionales». La recogida de firmas se inició el 28 de noviembre y ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.

Fue el viernes de la pasada semana cuando 32 estudiantes de segundo de Bachillerato B fueron expulsados por colgar, con el beneplácito de su tutor, una bandera en el aula. La profesora de catalán fue la que propició dicha expulsión, pues ordenó a toda la clase que retiraran de su vista «ese trapo». Ante la negativa de los estudiantes, la declarada independentista fue a la jefatura de estudios y allí exigió con vehemencia que el castigo que merecían los alumnos fuera la expulsión.

La docente, que es afanada independentista, consiguió su propósito y toda la clase fue expulsada. Los padres de los alumnos, al enterarse de lo sucedido, expresaron su desacuerdo con el centro alegando que sus hijos todavía son menores de edad y que, por ende, el centro está en la obligación de comunicarles una decisión como esa.