Moncloa boicotea la renovación de la cúpula de la radiotelevisión aragonesa para torpedear a Azcón

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 17/02/2024 19:06
  • Actualizado: 17/02/2024 20:10

Moncloa está boicoteando la renovación de la cúpula de la radiotelevisión autonómica aragonesa. Este ente forma parte de la Administración autonómica y, por tanto, su gestión es competencia exclusiva de la Comunidad. Sin embargo, el Gobierno central ha encontrado un resquicio legal para torpedear el margen de maniobra del Ejecutivo regional que preside el popular Jorge Azcón, que accedió al cargo tras las elecciones autonómicas de mayo del año pasado y que ha visto cómo Moncloa ha conseguido tumbar, en la práctica, el nombramiento de la nueva directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a través de una maniobra sin precedentes.

La elegida para ser nueva directora general de la CARTV fue Raquel Fuertes. Su nombramiento fue decidido por el Gobierno aragonés y pasó también por las Cortes autonómicas. Fuertes es empleada pública de carrera de la Administración General del Estado, con plaza ganada por oposición dependiente del Ministerio de Política Territorial.

Como es lo normal con nombramientos políticos que recaen en funcionarios o asimilados, éstos pasan a disfrutar de una excedencia de servicios especiales –así se denomina técnicamente–, de forma que, mientras desempeñan ese cargo de designación política, se les garantiza la reserva de su plaza y puesto en la Administración. Así, cuando cesan en ese cargo político se incorporan automática e inmediatamente a su puesto de origen. Abundan los ejemplos en el Gobierno de Sánchez –entre otras muchas instancias– y fue la misma práctica que aplicó el Gobierno aragonés del PSOE cuando tuvo bajo su control la radiotelevisión autonómica.

Sin embargo, ahora, cuando Raquel Fuertes ha pedido ese paso automático a la condición de excedente por servicios especiales, el Gobierno de Sánchez se la ha denegado. Esto ha forzado a Fuertes a presentar su dimisión menos de tres meses después de ser nombrada directora general de la CARTV. Moncloa la ha situado en la tesitura de tener que elegir entre este cargo político temporal o su plaza de empleada pública de carrera en la Administración del Estado.

Camino de los juzgados

El caso lleva camino de acabar ante los tribunales. De entrada, ante la jurisdicción Social (laboral), pero no es descartable que pueda llegar incluso a la jurisdicción penal si se determina que hay indicios de prevaricación por adoptarse una resolución administrativa contraria a la ley y a sabiendas. De hecho, según han informado fuentes relacionadas con este caso, indican que la negativa del Gobierno a esta excedencia se produjo pese a existir, con anterioridad, informes que reconocían su derecho a disfrutarla.

La radiotelevisión autonómica aragonesa echó a andar en 2005, impulsada por el Ejecutivo regional del socialista Marcelino Iglesias. El PSOE ejerció un estrecho control del ente, control que se extendió con el Gobierno del también socialista Javier Lambán. De los algo más de 18 años de vida que tiene la CARTV, durante más de 13 ha estado controlada por el PSOE. De hecho, no ha sido hasta hace escasos meses cuando el Gobierno de Azcón ha emprendido la renovación de la cúpula de la CARTV, en línea con el proceso de cambios que se producen en los cuadros de mano de la Administración autonómica y de sus organismos dependientes.

Se sospecha de Pilar Alegría

Fuentes próximas a la CARTV apuntan a que habrían sido personas cercanas a la portavoz del Gobierno de Sánchez y ministra de Educación, la zaragozana Pilar Alegría, las que estarían detrás de la denegación de la excedencia a Raquel Fuertes.

El PP ha lamentado la decisión del Gobierno de España y ha manifestado que «el proceso ha sido demasiado turbio, con demasiadas contradicciones entre instituciones y departamentos», en palabras de su portavoz, Fernando Ledesma, quien ha añadido que «huele a un uso partidista para intentar desestabilizar el normal funcionamiento de la CARTV tras el cambio de Gobierno».

Lesdema no ha dudado en señalar, en su cuenta personal de la red social X, a Pilar Alegría y la Delegación del Gobierno de esta incomprensible decisión, considerando que «han teledirigido este atropello de derechos fundamentales».

Por su parte, el PSOE en Aragón echa balones fuera, y personas cercanas a la portavoz socialista en las Cortes, Mayte Pérez, señalan a Moncloa, esgrimiendo que sería una decisión en la que no habrían tenido nada que ver.

Por tanto, la denegación de la excedencia forzosa a Fuertes estaría marcada por tintes políticos. Ya que sus predecesores estando en la misma situación que ella sí contaron con la concesión, en este caso del Gobierno de Aragón, cuando gobernaban los socialistas. Nos referimos, tanto a su antecesor, Francisco Querol, como a Jesús López Cabeza, quienes, en el momento de su nombramiento, formaban parte del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), y a los cuales sí se les concedió la excedencia forzosa que le ha sido denegada a Fortes.

«Vulneran mis derechos»

La directora general de CARTV ha valorado de «incomprensible» que el Gobierno de Pedro Sánchez «niegue los derechos a los trabajadores que les interesa».

«Este Gobierno va de sindicalista, pero la verdad es que los Estatutos de los Trabajadores, recoge dicha excedencia forzosa que a mí se me ha denegado», ha explicado en rueda de prensa, tras comparecer en el Consejo de Administración, convocado este sábado de urgencia, lamentado «profundamente la situación que se ha creado para la CARTV y sus trabajadores».

La periodista considera que el Gobierno de Sánchez no ha atendido su solicitud, que fue planteada al amparo del artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, y no respecto del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, sobre el que han fundamentado la denegación forzosa.

Es por ello que Fuertes advirtió, en repetidas ocasiones, de que se estaba cometiendo un error de planteamiento en su valoración. Ya que Fuertes sí que contó desde el primer momento con la admisión de su solicitud tanto de la Universidad de San Jorge, donde ejercía la docencia, como del grupo Henneo, donde colaboraba.

De tal forma, Raquel Fuertes se ve obligada a dimitir de su cargo de directora general de la CARTV, para no perder su puesto como empleada pública, anunciado su reincorporación inmediata en la Delegación del Gobierno, hasta que se aclare jurídicamente su situación, puesto que ya ha anunciado que recurrirá esta decisión, esperando obtener una sentencia favorable.

Hay que subrayar que Fuertes, en septiembre, contó con la asesoría de los servicios jurídicos de Aragón y de la Delegación de Gobierno, para tramitar correctamente esta petición. Mientras tanto, será la directora de Medios, Ana Jimeno, quien asuma en funciones la Dirección General.

Muestras de apoyo a la afectada

El Consejo de Administración de la CARTV ha manifestado unánimemente su total apoyo y solidaridad hacia Raquel Fuertes, lamentado «la incongruencia e injusticia de la resolución». Además, los servicios jurídicos de la CARTV estarán a disposición de la periodista, después del voto favorable de la mayoría en el Consejo de Administración.

Igualmente, con 11 votos favorables y cuatro abstenciones, se ha decidido solicitar la comparecencia, en las Cortes de Aragón, de Raquel Fuertes y del presidente del Consejo de Administración, Antonio Suárez.

Suárez ha reprobado esta situación «en primer lugar, por Raquel Fuertes y, sobretodo, por la Radio y la Televisión de Aragón, un servicio público importantísimo para los aragoneses, que no merecen que nadie esté tratando de plantear problemas para alterar su funcionamiento».

La Representación Legal de los Trabajadores de la Corporación, a través de un comunicado enviado a sus compañeros, le ha transmitido su apoyo. Por su parte, Fuertes ha garantizado que seguirá atenta el desarrollo de los acontecimientos.