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Aragón se alinea con la OMS y creará su propio Instituto de Salud Pública para «futuras pandemias»

Su creación se enmarca en una estrategia firmada con la OMS a nivel nacional

Zaragoza aspira a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Aragón tendrá su propio Instituto de Salud Pública. Así lo ha anticipado este miércoles el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, tras la aprobación de su creación por el Consejo de Gobierno con el objetivo de «alinearse» con la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según ha expuesto Bancalero, dicho Instituto de Salud Pública se apoyará en el nuevo concepto «salud global» (en inglés one heatlh) que «conecta la salud de las personas, los animales y el medio ambiente», y que busca fijar los mismos estándares tanto para la sanidad pública como privada.

El Instituto de Salud Pública de Aragón

El anuncio de la creación del Instituto de Salud Pública se produce después de que el pasado mayo el Gobierno de España acordase con la OMG la nueva Estrategia de Salud Global 2025-2030, y que compete a varios ministerios –el de Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Sanidad–, con el objetivo de construir «un sistema de gobernanza de salud global que permita responder a los principales retos par la salud a los que nos enfrentaremos en los próximos años».

Así con estas mismas palabras con las que expuso el Gobierno de Sánchez dicha estrategia, se ha expresado el consejero de Sanidad en Aragón, explicando que la nueva estructura tiene como objetivo comenzar a implementarse a partir del próximo año. Según cálculos del Gobierno de Aragón, se requerirá para su funcionamiento más de 400 personas a lo largo de toda la comunidad, además de unas 60 trabajadores en funciones centrales.

Tanto los gobiernos del PP como del PSOE defienden que estas instituciones son «un pilar esencial en el Estado del Bienestar», de ahí que cuenten en toda España con la mayoría suficiente para implementarlas.

«Debemos hacer frente a retos como la globalización y el movimiento de mercancías y personas, futuras pandemias, el envejecimiento, asistencia sanitaria, aparición de patógenos multi resistentes, incremento de las temperaturas y con ello de insectos que transmiten infecciones», ha sostenido el consejero popular aragonés.

En opinión del titular de Sanidad, «estas situaciones van a ir a más, no podemos seguir con las estructuras que a día de hoy tenemos y que nos encontramos al inicio de esta legislatura».

Bancalero ha advertido que «no es un organismo que va duplicar las estructuras, sino la transformación de la dirección general de Salud Pública en esta institución, convertida en una entidad de derecho público con autonomía propia de gestión» con el objetivo de «reforzar los servicios, aumentar las capacidades».

De tal forma que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la creación del Instituto de Salud Pública de Aragón (ISPA) y su remisión a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. La futura ley permite acometer las necesarias reformas para constituir el Instituto de Salud Pública de Aragón como entidad de derecho público, con una identidad propia y autonomía de gestión.

Se prevé la integración en dicho Instituto de las estructuras y funciones de la actual Dirección General de Salud Pública con una mayor visibilidad, autonomía e identidad. Se mantendrán en el Departamento de Sanidad las competencias en materia de planificación estratégica y cartera de servicios de salud pública.

Agencia Estatal de Salud Pública

Paralelamente, a la creación de este Instituto de Salud Pública, Zaragoza aspira a ser sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública cuyo proyecto nacional fue anunciado ya en 2023, y cuya creación es fundamental para la implementación en cada país de una infraestructura supranacional controlada por la OMS en detrimento de la soberanía de cada país. La creación de esta agencia fue defendida a partir de la pandemia del COVID-19.

Este es uno de los puntos que mayor crítica recibe por parte de sus detractores, cuyo máximo exponente es el letrado Luis María Pardo (fundador de Iustitia Europa), uno de los abogados que más casos logró ganar a las administraciones públicas en el periodo de pandemia en defensa de las libertades personales con la asociación Liberum.