Varapalo judicial al PSOE andaluz de Montero: el Supremo rechaza una ‘amnistía’ total en el caso ERE
La Sala Penal ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por cinco condenados en el ERE de Acyco
El Tribunal Supremo ha rechazado de forma tajante los intentos de anular las condenas por corrupción dictadas en una de las piezas separadas del caso ERE, dando un nuevo varapalo judicial al PSOE andaluz que lidera María Jesús Montero. La Sala Penal ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por cinco condenados en la pieza relativa a las ayudas autonómicas a la empresa Acyco, entre ellos altos cargos y directivos vinculados a la trama.
Con esta resolución, fechada el 26 de marzo, el Supremo cierra la puerta a una especie de «amnistía judicial» total, como pretendían los condenados al alegar la nulidad por supuesta vulneración de derechos. El Alto Tribunal recuerda que aunque el Tribunal Constitucional anuló parte de la condena al ex consejero socialista Antonio Fernández por el procedimiento específico de los ERE, eso no exime su responsabilidad ni la de sus cooperadores en otras piezas como la de Acyco.
El Supremo deja claro que las sentencias del Constitucional solo afectan a una parte concreta del caso y que no pueden utilizarse como argumento para anular otras condenas que responden a hechos distintos, aunque estén relacionados. Así, se mantiene la firmeza de las penas impuestas, salvo ligeras reducciones en algunos casos puntuales.
Entre los condenados que vieron rechazada su petición están la ex presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto; el ex abogado de Garrigues, José Miguel Caballero; el ex director de Recursos Humanos de Acyco, Gabriel Barrero; el ex director de Vitalia, Antonio Albarracín; y el ex consultor Jesús Bordallo. Todos alegaron haber sido condenados por hechos ya juzgados, pero el Supremo considera que no se vulneró el principio de legalidad penal ni el de cosa juzgada.
Esta decisión reafirma la responsabilidad de varios ex altos cargos del PSOE andaluz en uno de los mayores escándalos de corrupción de la comunidad, complicando aún más la estrategia política y judicial del socialismo andaluz liderado actualmente por Montero, cuya etapa como consejera de Hacienda también quedó salpicada por la gestión presupuestaria del programa 31L.
Este varapalo judicial se produce en un contexto de debilidad para el PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero. Según el último barómetro de la Fundación Centra, el partido socialista se sitúa en un 23% de intención de voto, un punto por debajo de los resultados obtenidos en 2022. El PP, por su parte, mantiene su mayoría absoluta con un 42,2% de los votos, lo que supone una ventaja de 19 puntos sobre el PSOE.
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