Sube un 13% la llegada de pateras a España: hasta el 15 de julio, llegaron más de 9.000 inmigrantes ilegales

El Ministerio de Interior ha publicado los datos de inmigración ilegal hasta el 1 de julio. En total, han llegado a España 9.043 personas de manera irregular, siendo especialmente preocupante la forma en la que han llegado: el número de pateras que han alcanzado nuestras costas ha crecido un 13% respecto al año pasado, si bien es cierto que, en gran medida por la crisis del coronavirus, el número total de inmigrantes que han arribado a nuestro país ha decrecido en un 38%.

Precisamente el mismo Ministerio de Interior que ha publicado estas cifras es el mismo que está maltratando a quienes vigilan y cuidan de estas personas que huyen de sus países de origen: la Guardia Civil.

Los sindicatos policiales acusan directamente al Ministerio de Interior, que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, de no imponer protocolo alguno en la Guardia Civil, que ha sumado un nuevo brote en su cuartel de Níjar (Almería), uno de los que más trabajo tienen en la recepción de pateras con inmigrantes ilegales. Tanto es así, que pese a haberse detectado un nuevo brote… ¡ni siquiera se les informó!

En el puesto de Níjar, con 50 integrantes, Sanidad detectó el pasado fin de semana un positivo por Covid-19, del que los agentes no tuvieron conocimiento hasta el martes de esta semana, cuando se comenzó a realizar test, tal y como ha denunciado el sindicato Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Estos, a día de hoy, han detectado tres nuevos casos, uno de ellos ha tenido que ser ingresado, y a pesar de que esta misma situación en cualquier comunidad llevaría al confinamiento por considerarse rebrote por Sanidad, en el puesto sólo han sido confinados dos agentes por la Guardia Civil.

«El resto de los 50 componentes siguen en sus puestos de trabajo sin saber si han sido o no contagiados porque los test sólo se han realizado a 16 agentes», explica una AEGC que insiste en que «los guardias civiles del puesto no fueron informados directamente del primer positivo por parte de la Comandancia sino que se enteraron cuando se realizaron los primeros test casi una semana después del primer positivo».

Desinformación, que también ha afectado a las familias de los guardias civiles a los que no se les ha hecho ningún rastreo y han sido ellas, por iniciativa propia y responsabilidad con los vecinos de Níjar, los que han tomado la decisión de confinarse.

«En AEGC nos preguntamos donde está recogido que la Guardia Civil está exenta de cumplir con los protocolos anticovid y nos preguntamos cómo es posible que, con cuatro casos ya confirmados, el puesto siga dando servicio y no hayan sido puestos en cuarentena todos los agentes hasta estar seguros de que no ponen en riesgo a la población», explican.

Murcia

El Comité Ejecutivo Regional del Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (JUPOL), ha criticado la «falta de medios» con la que los agentes se enfrentan a la llegada de inmigrantes en patera en la Comunidad de Murcia, dando lugar a una situación «caótica y sobrepasada» en la que cree que el delegado del Gobierno, José Vélez, «no está a la altura».

Tras la llegada este fin de semana nuevamente a las costas de la Región de otra ola masiva de inmigrantes en pateras, JUPOL critica que, una vez más, los responsables directos en la materia «no han actuado con diligencia y otra vez mas se vuelve a repetir los mismo hechos vividos recientemente».

«Cientos de inmigrantes abandonados en el puerto con una condiciones lamentables para los policías encargados de ese servicio, que carecen de los medios y espacios adecuados para poder desarrollar el servicio humanitario que prestan», advierte el sindicato.

A su juicio, lo que está pasando en la Región y, más concretamente, en Cartagena con la llegada masiva de inmigrantes es un asunto que «debería ser tenido en cuenta muy seriamente desde los gobiernos de la nación y autonómico».

Y es que, advierte, «la situación de llegadas de personas ilegalmente es insostenible con el añadido de los problemas gravísimos que se pueden generar en seguridad ciudadana y salud pública por la pandemia del COVID-19».