El PSOE-A mantiene su idilio con los tribunales: un exalcalde de Granada, a juicio por prevaricación

Nuevo exalcalde del PSOE-A a juicio por presunta corrupción en Andalucía. En esta ocasión, turno para Francisco Domene, ex regidor socialista del municipio granadino de Íllora, que desfilará por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada acusado de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

El juicio dará comienzo este martes y en él se dilucidará la relación de Domene en la supuesta contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento de la localidad entre 2012 y 2014, para la que «trocearon» supuestamente en numerosas facturas el trabajo de carácter continuado que desempeñaban.

La Fiscalía ha solicitado la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde del PSOE-A, que se sentará en el banquillo de los acusados junto a los dos trabajadores cuya contratación fue supuestamente irregular y el interventor accidental del Ayuntamiento. Los dos primeros se enfrentan a una petición fiscal por el mismo delito de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, el interventor, a nueve años de inhabilitación.

«Flagrante vulneración de la legalidad»

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos trabajadores acusados fueron, entre 2005 y 2008, técnicos de Empleo de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en Loja, perteneciente al Consorcio del Poniente granadino, del que forma parte el Ayuntamiento de Íllora.

Cuando se produjo la rescisión de sus contratos por parte de la Consejería de Empleo, el alcalde, «con absoluto desprecio de las formalidades» recogidas en la normativa sobre contratación, les propuso que siguieran vinculados al Ayuntamiento para realizar diversas labores especialmente relacionadas con el fomento del empleo local; desde la tramitación de subvenciones a la organización de cursos de formación profesional o la elaboración de proyectos justificativos del destino de los fondos obtenidos.

Para ello, según el relato del fiscal, contrató sus servicios a través de la figura de trabajadores autónomos externos, firmando el pago de las facturas que emitían al consistorio «con el beneplácito y la firma necesaria» del otro acusado, el interventor accidental de los fondos del Ayuntamiento.

Todo ello, «sin llevar a cabo ningún procedimiento de contratación laboral o de adjudicación de servicios» y sin que el interventor formulara reparos o informes desfavorable advirtiendo «de la omisión de todos los trámites esenciales» para «no vulnerar los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, ya que las facturas extendidas por los trabajadores excedían los 18.000 euros» al año previstos en la ley.

Mantiene la Fiscalía que los dos trabajadores por su parte aceptaron la oferta «con conocimiento de la flagrante vulneración de la legalidad vigente» que suponía «en perjuicio de la libre participación de otros candidatos que pudieran concurrir ofreciendo mejores proyectos». De hecho, les acusa de «simular la verdadera relación laboral dependiente y permanente en el tiempo que les unía con el Ayuntamiento», «troceando el trabajo de carácter continuado que desempeñaban en numerosas facturas por cada proyecto, subvención o taller realizado que giraron al consistorio de 2012 a 2014».

Así las cosas, cada uno de los dos trabajadores presentó supuestamente numerosas facturas por valor de más de 21.000 euros en 2013 y lo volvieron a hacer en 2014. La situación se perpetuó, según el fiscal, hasta que en 2015 salió publicado en el BOP las bases de la convocatoria de dos puestos de técnicos de Desarrollo Local y Turismo en la modalidad de funcionarios interinos por programas, unas plazas que, tras el procedimiento de libre concurrencia, se otorgaron finalmente a los dos acusados.