El PSOE encubrió en Alcalá de Guadaíra una denuncia por acoso contra el jefe de la Policía Local

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 18/12/2025 05:48
  • Actualizado: 18/12/2025 12:21

El PSOE, por medio de la alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha estado encubriendo una denuncia por acoso laboral por razón de género contra el jefe de la Policía Local presentada por una agente de su plantilla. La denuncia, fechada el 24 de septiembre de 2025, fue ignorada por el gobierno municipal socialista, que no activó los protocolos de protección obligatorios, no abrió expediente disciplinario, ni ordenó investigación alguna. En lugar de eso, tramitó el caso como si se tratara de un simple expediente de riesgos laborales y acabó archivándolo sin consecuencias. Todo ello aplicando un protocolo que aún no estaba en vigor legalmente. Así lo demuestran los documentos internos del Ayuntamiento y las resoluciones oficiales a las que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO Andalucía.

Esta información, hasta ahora silenciada, se basa en la resolución de archivo firmada por la concejal de Recursos Humanos, la socialista Teresa García Cruz, en informes internos del Ayuntamiento. Todos los pasos seguidos por el gobierno municipal están documentados, y lo que revelan es una operación institucional para minimizar una denuncia gravísima y evitar cualquier consecuencia para el alto mando denunciado.

El protocolo municipal para la gestión de conflictos y acoso fue aprobado en Junta de Gobierno el 25 de abril de 2025, pero no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 28 de octubre. La denuncia de la agente fue presentada el 24 de septiembre, más de un mes antes de que el protocolo tuviera validez legal. A pesar de ello, el Ayuntamiento socialista lo utilizó como base para tramitar y archivar el caso, evitando así aplicar el Real Decreto 247/2024 (de obligado cumplimiento en casos de acoso por razón de género en el sector público).

En lugar de activar la Comisión de Investigación Interna, valorar medidas cautelares o iniciar una investigación formal, la denuncia fue tramitada bajo la fórmula de «expediente de riesgos laborales», un procedimiento ajeno al marco jurídico para este tipo de casos. Todo ello consta en la documentación oficial: en el propio expediente tramitado desde el 24 de septiembre, en la resolución de archivo firmada por la delegada María Teresa García Cruz el 12 de diciembre, y en la posterior anulación de esa resolución por parte del secretario municipal. Ningún ciudadano ni medio conocía hasta ahora la existencia de esta resolución anulada.

La víctima aportó su denuncia por escrito, junto con un informe psicológico y una comunicación registrada ante la Inspección de Trabajo. Todos esos documentos fueron entregados directamente a la jefa de Riesgos Laborales del Consistorio, pero no se activó ninguno de los protocolos específicos ni se adoptaron medidas de protección. Es decir, no se respetaron los plazos de evaluación, ni se activó la comisión instructora, ni se emitió informe alguno conforme a la normativa aplicable.

El sindicato SPPME denunció públicamente el caso el 24 de noviembre a través de sus redes sociales, criticando con dureza la actitud de la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez. «Menos cartel, más protocolo. La violencia se elimina actuando, no posando», afirmaron. Su comunicado coincidió con los actos institucionales del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, donde el propio Ayuntamiento hacía gala de su supuesto compromiso con la igualdad. Un compromiso que, a la vista está, hace aguas cuando la víctima puede hacer daño a alguien próximo al partido.

La oposición municipal, tras conocer el caso, exigió explicaciones inmediatas. El grupo Alcalá Nos Importa registró una moción urgente para el Pleno ordinario del martes 17 de diciembre. Ya solicitaron la comparecencia de la alcaldesa en una Comisión de Control celebrada el pasado 9 de diciembre, pero el delegado de Gobernación abandonó la sala sin dar respuesta alguna a las preguntas de los grupos.

Los hechos documentados revelan una gestión institucional orientada a proteger al acusado y no a la víctima. Se ignoró la legislación estatal, se aplicó un protocolo sin validez, se ocultó la existencia de la denuncia durante semanas y, cuando finalmente se resolvió el expediente, el secretario municipal se vio obligado a anular la decisión de archivo.